María José Martínez Pereñíguez es la abogada de Noemí Galiana, la mujer que el viernes denunciaba en el Juzgado de Guardia a los responsables de Caser, pero, a la vez, es la hija de un hombre que permanece internado en esta residencia «privada, pero con plazas concertadas: mi padre ocupa una de ellas», explica.
«Sus instalaciones son fabulosas», rememora la letrada sobre el centro ubicado en Santo Ángel, el cual cuenta con «habitaciones grandes, apartamentos, una sala de fisioterapia, cafetería, terapias con música, cine, adivinanzas... estaba súper contenta con la residencia», dice.
Hasta que saltó el contagio de coronavirus y «lo que no puede ser es que no sepamos nada», sostiene, como abogada y como hija, a la cual el confinamiento la ha pillado en la vecina Comunidad Valenciana, aunque, por trabajo, se desplaza varios días a la semana a su despacho de Murcia. Desde su punto de vista, lo que está pasando en Caser puede ser constitutivo de «un delito de abandono de personas con discapacidad» recogido en el «artículo 229 del Código Penal». «Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años de prisión cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de la persona necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave», indica la abogada, y así se lo ha dicho a los familiares de internos de Caser.
Recuerda la letrada que, recibida la denuncia, el Juzgado de Guardia hizo un requerimiento a Salud «para que informe lo antes posible sobre el numero de positivos, el personal sanitario que los atiende, las medidas adoptadas y cualquier otro aspecto sobre los cuidados médicos y sanitarios».
No buscan indemnización económica
La finalidad de la denuncia es «pedir al juez que investigue si a nuestros familiares se les está cuidando de forma correcta; que, en caso contrario, requiera a la autoridad sanitaria para que lo haga y para que nos informe a los familiares del estado de los residentes. Y, si no se ha hecho, que condene a los responsables con la pena de prisión que corresponda», subraya esta profesional.
Deja claro que «la denuncia no persigue obtener indemnización alguna», al tiempo que considera que «si el procedimiento penal que hemos iniciado termina en condena, mal vamos, porque eso querría decir que no han cuidado a nuestros familiares correctamente». «En ese caso, se condenaría a Caser o a las autoridades sanitarias por un delito de abandono de personas con discapacidad y derivado del delito existiría responsabilidad civil, es decir, podríamos reclamar indemnización», explica la abogada a los familiares de afectados.
Una vez puesta la denuncia de Noemí Galiana, «no hace falta que nadie más se persone como denunciante», insiste la letrada, que añade que su clienta, Noemí, «interpone la denuncia en nombre de todos».
