La decisión del Gobierno regional de ordenar la suspensión de todas las actividades económicas no esenciales para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus ha llevado a las empresas a parar parte de las obras de construcción. El sector se queja del desconcierto que el presidente regional, Fernando López Miras, ha generado con la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Región, que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo central, que es el que tiene la capacidad de decisión en este momento. El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, advierte de que esta orden carece de respaldo legal, al no estar avalada por Madrid, y pide a las administraciones públicas que «no abandonen a su suerte al sector y pongan en peligro 41.000 empleos, tal y como ocurrió en 2008».
La patronal de la construcción se lamenta de que decisión unilateral de la Comunidad tampoco permite a las empresas saber con claridad qué tipo de expedientes de regulación de empleo pueden solicitar al no poder aplicar los supuestos de fuerza mayor previstos para los sectores obligados a cerrar.
José Hernández ha solicitado una reunión al consejero de Empleo, Miguel Motas, para pedirle que aclare las medidas a las que pueden acogerse las empresas, ante la incertidumbre que pesa sobre el sector desde el domingo por la noche, cuando se conoció la decisión del Consejo de Gobierno de permitir únicamente que trabajen las empresas dedicadas al abastecimiento y a los servicios básicos.
Tras el desconcierto inicial, José Hernández envió una carta a las empresas asociadas aclarando las dudas sobre la eficacia de la orden de la Comunidad para dejar claro que «la efectividad depende las autoridades delegadas del Gobierno de España; en este caso el Ministerio de Sanidad». El presidente de Frecom explicó que en los últimos días han parado parte de las obras debido a la lluvia y al bloqueo de la Administración, que está paralizando el arranque de los proyectos
Añadió que la difícil situación económica provocada por la alerta sanitaria puede agravarse ante «el retraso en el abono de las certificaciones de obras pendientes de enero y febrero», por lo que pide más agilidad en los pagos a proveedores por parte de la Comunidad.
