La Inspección de Educación considera aceptado y ajustado a derecho las instrucciones de la Consejería de Educación de comienzo de curso por el que se pide la autorización paternal para que los alumnos de los centros escolares de la Región de Murcia puedan recibir formación curricular complementaria si estas activiades son impartidas por personas ajenas al colegio o instituto.
En el informe de la Consejería que avala el pin parental, el inspector jefe de Educación determina que los centros deben poner en conocimiento de los padres las actividades que se van a realizar y las personas que las van a impartir "para que los padres decidan sobre la participación en las mismas de sus hijos menores".
Este informa jurídico, al que ha tenido acceso Onda Cero Murcia, señala además que "los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres y madres para que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Esta libertad de elección, señala el documento, está protegida por diferentes legislaciones internacionales y nacionales y ha sido ratificada por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".
El dictamen determina que los encargados de impartir la formación complementaria, cuando son ajenos al centro, no recae sobre ellos la neutralidad ideológica, por lo que pueden aportar en sus explicaciones al alumnado "propósitos de adoctrinamiento desviados de los fines educativos".
El Gobierno regional se ha apoyado estas últimas semanas en los informes jurídicos para avalar que el veto parental vigente desde el inicio de este curso es legal, pero se negaba a hacer públicos estos documentos. El pasado 18 de febrero el Gobierno de España interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contras las intrucciones de la Consejería de Educación por considerarlas ilegales.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, señaló hace unas semanas que la medida del Gobierno regional pretende "inventarse un problema que menoscaba la competencia de los centros escolares, de la comunidad educativa y que va contra la libertad de cátedra de los docentes".
Por ello, en enero el Ministerio de Educación dio un plazo de un mes para que el Ejecutivo de Fernando López Miras retirara el veto parental, plazo que se cumplió el pasado 17 de febrero y tuvo como consecuencia, además del recurso ante el TSJ de Murcia, la con carácter de urgencia de «la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas».
El informe de la Inspección de Educación remarca que "la participación de los padres en las actividades [...] está estrechamente vinculada con el alcance y límites del derecho a la libertad ideológica y religiosa proclamado en el artículo 16.1 de la Constitución, y con el derecho que les asiste a escoger el tipo de educación que ha de darse a los hijos".
