Si el tiempo es oro, la duración de los procesos judiciales tiene necesariamente una gran repercusión económica para las empresas, para las instituciones públicas y para cualquier ciudadano que se vea obligado a recurrir a los tribunales cuando necesita defender sus derechos. Murcia, que también es el farolillo rojo de la Justicia española, alcanza la mayor duración de los recursos, especialmente en la jurisdicción de lo Social. «La Región se encuentra en una situación comparativa peor con respecto al promedio nacional, con una duración significativamente superior. Y esto es especialmente significativo en el ámbito de lo Civil con respecto al de lo Social o lo Contencioso».

El autor del estudio Los impactos económicos del funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia, S. Mora-Sanguinetti precisó que la Región no ha aprovechado la salida de la crisis económica para agilizar el funcionamiento de la Justicia, tras el empantanamiento que se produjo en los años 2008 y 2009. Así, aunque los plazos de resolución se han acortado a partir de 2014, en los asuntos civiles, por ejemplo, «sigue una tendencia superior a la media nacional».

Destaca la tramitación de los recursos de la Sala de lo Social, que es la más larga de todas las comunidades autónomas, con 500 días en 2018, lo que supone casi un año y medio, mientras que la media nacional apenas supera los 300 días.

La duración de los procesos de lo Social muestra una gran disparidad, dado que comunidades como Navarra o Extremadura ni siquiera tardan un mes en resolver un recurso.

En cualquier caso, Murcia y Castilla-La Mancha (algo menos de 400 días), que ocupa el segundo puesto, están muy lejos del resto de comunidades, dado que la mayoría ni siquiera llega a los 200 días.

El autor destaca que la duración de los recursos de lo Social «se ha incrementado notablemente desde 2011 y se ha duplicado desde 2016».

Por el contrario, en la Sala de lo Contencioso, que es la más congestionada, el plazo de resolución de los recursos se encuentra por debajo de la media nacional, con 420 días, mientras que Cataluña y Aragón pasan de los 700 días. En este caso, los plazos de resolución se han acortado desde 2016.