«El 'pin parental' no es inconstitucional, es una decisión política». Esto es lo que piensa Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UMU, que recuerda que el artículo 17 de la Constitución es «complicado» porque intenta dar cabida a dos visiones de la educación.

En el punto 2 de dicho artículo se dice que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Este punto da un mayor peso al Estado como elemento que decide cuáles son esos «valores constitucionales» que se transmiten mediante la enseñanza, explica.

Sin embargo, matiza, en el punto 3 se subraya que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Para Germán Teruel, y tal y como dictaminó el Tribunal Supremo en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «el poder público define cuáles son esos contenidos, pero puede ir más allá e, incluso, ser proselitista». Esto quiere decir que, además de poder enseñar valores como la igualdad y el respeto, el Estado puede mostrarlos como buenos. En consecuencia, ciñéndose a las charlas sobre diversidad sexual que se deben ofrecer según la Ley de Igualdad LGTBI de la Región, la Constitución admite que se enseñe a los niños el respeto, la tolerancia y la aceptación de cualquier tipo de identidad sexual, por ejemplo. No obstante, «hay que ser especialmente neutrales cuando hablamos de aspectos que afectan a condiciones de la vida personal, como el modelo de familia», entiende el profesor de la UMU. En este caso, no se puede decir qué modelo de familia, por ejemplo, es el bueno».

Esta cuestión es más política porque, al final , «es el legislador el que decide si da más o menos voz a los padres. No podemos reprochar constitucionalmente al 'pin parental', pero tampoco que no exista», afirma Teruel. Lo importante, puntualiza, es que, si existe, «no debe adoctrinar».

En opinión del experto, este sistema debería usarse solo para charlas de colectivos externos ofrecidas por personas ajenas a la administración pública, ya que «no tienen la obligación de ser imparciales».