El Círculo de Economía de la Región de Murcia ha advertido que la Comunidad necesita un plan global para afrontar las consecuencias del cambio climático y, entre otras propuestas, aconseja completar y consolidar infraestructuras de regulación y laminación, controlar la legalidad para evitar construir en zonas inundables y contar con un Plan de Ordenación del Territorio ante este tipo de riesgos.

En este sentido, el Círculo recuerda que «ya contábamos con informes rigurosos sobre la necesidad de adaptarnos al cambio climático en la región, como el estudio del Consejo Económico y Social (CES) de 2016 titulado 'Competitividad y cambio climático'». Sin embargo, destaca que la evidencia de sus consecuencias más dramáticas «las venimos experimentando a través de fenómenos periódicos de gran intensidad, como las 'gotas frías' o 'DANAS', y también mediante la constatación del avance inexorable de la desertización».

Estos fenómenos, unidos a la evidencia histórica de modelos de desarrollo «insostenibles», como se ha demostrado recientemente con el agravamiento de la situación del Mar Menor, han merecido la reflexión y el análisis del Círculo de Economía durante los últimos años. En concreto, el Círculo de Economía recuerda que viene insistiendo en la necesidad de reducir la vulnerabilidad de todos los sectores económicos, así como la del patrimonio natural, las infraestructuras y la población frente a las consecuencias del cambio climático. El Círculo se pregunta si «sólo cabe en nuestra región la resignación, después los daños que siguen a cada episodio catastrófico».

Así, se pregunta «cómo es posible que en una Comunidad como la de Murcia, con 'gotas frías' tan frecuentes y que tiene competencias sobre ordenación del territorio, no se haya elaborado todavía un Plan de Ordenación del Territorio ante los riesgos de inundaciones».

«Ni la burocracia, ni la falta de coordinación entre las distintas administraciones pueden convertirse en coartadas para seguir retrasando las respuestas a situaciones que requieren tomas de decisiones urgentes».

A su juicio, «la responsabilidad principal es de nuestros máximos responsables en las administraciones públicas, que deberían estar suficientemente informados y ser mucho más celosos en el cumplimiento estricto de la legalidad».