La Comunidad tendrá que pagar el plus de la carrera profesional a casi 15.000 interinos a partir del próximo año. Esta es una de las propuestas aprobadas este lunes en la Mesa General de la Función Pública, de la que forman parte los sindicatos con representación en la Administración regional, al aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a los empleados interinos los mismos derechos que tiene el resto de funcionarios y el personal estatutario. La sentencia del Supremo conocida este mes de noviembre también obligará a la Comunidad a pagarles con efecto retroactivo los atrasos que se han generado desde que empezó a aplicar este plus en cada colectivo profesional.

Esto supone que los interinos adscritos al Servicio Murciano de Salud cobrarán la carrera profesional con efecto retroactivo desde el año 2018, mientras que en Administración y Servicios y en Educación se aplicará desde 2019.

Según ha informado el departamento de Javier Celdrán, titular de Hacienda, el reconocimiento de este plus beneficiará a casi 15.000 empleados. De ellos, 3.400 trabajan en Administración y Servicios, 4.000 de Educación y 7.400 de Sanidad. «Supone la inclusión del derecho a la percepción de este complemento a los funcionarios y personal estatutario interino a partir del próximo año», precisaba la Consejería.

Desde el próximo mes de enero los interinos cobrarán el tramo de carrera profesional igual que los funcionarios de carrera, mientras que está previsto abonar también «la cantidad generada este ejercicio, que supondría la completa regularización del derecho del personal interino de Administración y Servicios y docente. En el caso del personal sanitario, el calendario para el abono del derecho generado en el año 2018 se negociará en la reunión de la próxima mesa sectorial», avanzó la Consejería.

Para poder cobrar la carrera profesional los beneficiarios tienen que tener un mínimo de cinco años de antigüedad, además de cumplir algún otro requisito, como haber destinado un determinado número de horas a ampliar su formación profesional.

La aplicación de esta plus ha provocado intensas polémicas en la Administración regional desde hace años, dado que el Gobierno había pactado su entrada en vigor en la sanidad antes de la crisis y fue uno de los complementos suspendidos con los recortes impuestos para reducir el gasto público. También lo reclamaron los funcionarios de Administración y de la enseñanza, que han tardado más tiempo en conseguir el plus.