UGT ha puesto en marcha una campaña para conseguir que los pensionistas que tuvieron contratos a tiempo parcial y que han empezado a cobrar la pensión de jubilación en los últimos cuatro años reclamen para que la Seguridad Social deje de penalizarlos por no haber trabajado a jornada completa. El objetivo es conseguir que no se les aplique la fórmula de cálculo que ha anulado ahora el Tribunal Constitucional para que puedan cobrar unos 80 euros más al mes, que suponen el 22% de subida.

El Constitucional ha eliminado esta penalización en una sentencia y la Seguridad Social ha dejado de aplicarla partir del 12 de agosto, pero el sindicato sostiene que un fallo del Tribunal de Justicia Europeo permite quitarla con efecto retroactivo, lo que abriría la puerta a revisar la paga a unos 3.400 pensionistas de la Región, en su mayoría mujeres, que se han jubilado en los últimos cuatro años.

Según informaron en rueda de prensa la vicesecretaria general de UGT, Matilde Candel, y la secretaria de Política Social, Eugenia Pérez, la desaparición del coeficiente corrector del 1,5% que se aplicaba hasta ahora en el cálculo de la pensión de los trabajadores con contrato a tiempo parcial llega a suponer una diferencia de casi 80 euros mensuales para una paga de 350 euros. Con la revisión, la paga podría alcanzar los 429 euros. Los 3.400 pensionistas de la Región que podrían beneficiarse de la revisión proceden sobre todo del sector agroalimentario, la hostelería y el comercio, en los que existe una mayor presencia de la mujer.

El pasado mes de agosto el Ministerio de Trabajo anunció que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) iba a revisar de oficio todas las pensiones en trámite de concesión que todavía no tenían una resolución firme.

Al no haberse recogido la retroactividad en la sentencia del Constitucional, que permitiría beneficiarse de la revisión a los pensionistas que han empezado a cobrar la paga a partir de 2015, UGT anima a los jubilados a reclamar de forma individual con el propósito de conseguir que «el Gobierno tenga que acabar modificando la legislación».

El problema en este momento es que «no hay un gobierno que pueda tomar esta decisión», indicó Matilde Candel. A su juicio, es la misma situación que se planteó con «las cláusulas suelo», cuando la Justicia europea obligó a aplicar con efecto retroactivo la revisión de las hipotecas, a pesar de que el Supremo era partidario de que afectara solo a los nuevos préstamos hipotecarios.

Ante la complejidad del procedimiento, el sindicato va a encargarse de tramitar las reclamaciones a través de la Federación de Pensionistas con el fin de alcanzar el mayor número posible.

El Tribunal Constitucional considera que el coeficiente corrector del 1,5% aplicado hasta ahora por la Seguridad Social, que penalizaba la forma de computar los períodos trabajados a tiempo parcial, establecía una doble penalización, ya que las bases de cotización que se toman como referencia para calcular la pensión ya eran inferiores a las que corresponden a las jornadas a tiempo completo, puesto que se calculan proporcionalmente.

Matilde Candel y Eugenia Pérez entienden que «el Constitucional va en contra de la doctrina de la UE», dado que el Tribunal de Justicia europeo da pie a que la desaparición del coeficiente corrector se aplique con efecto retroactivo.