La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de anular la decisión de sacar al expresidente Pedro Antonio Sánchez de la trama Púnica se ha producido a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal sí aprecia «elementos de cargo suficientes para considerar que el procedimiento judicial debía continuar» contra el anterior jefe del Ejecutivo regional y contra su ex asesor David Conesa. Entiende que en el archivo incluso se han omitido «datos incriminatorios» que sí aparecían en anteriores autos.

Los magistrados de la Sección Cuarta comparten el criterio de la Fiscalía y entienden que en el auto de sobreseimiento dictado por el juez Manuel García-Castellón el pasado mes de abril se omitían «hechos hasta entonces incluidos en la presente pieza, en concreto, los que hacían referencia a la Consejería de Educación de la Región de Murcia (de la que era titular Pedro Antonio Sánchez) y al Ayuntamiento de Cartagena», cuya alcaldesa era Pilar Barreiro, exculpada por el Tribunal Supremo.

Señalan que, una vez archivada las actuaciones contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, la pieza separada denominada 'Murcia' quedaba reducida a una tercera parte, la relativa a la Consejería de Industria, cuyo titular era Juan Carlos Ruiz. También figuran entre los imputados varios ex altos cargos del departamento.

La Sala incluso reprocha al juez García-Castellón que al sobreseer las diligencias contra el expresidente murciano vinculando su decisión al archivo de la causa contra Pilar Barreiro en el Supremo, como si fuera «una consecuencia lógica», ha dado pie a que el resto de los investigados murcianos pidieran lo mismo.