Los interinos de la Comunidad Autónoma y de algunos ayuntamientos ya han empezado a presentar demandas en los juzgados tratando de anticiparse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, según las previsiones, va a pronunciarse a favor de que la Administración española reconozca los derechos adquiridos por los empleados públicos que llevan años trabajando para las instituciones.

Aidmur anunció a finales de agosto la presentación de demandas por parte de un centenar de profesores que trabajan sin tener una plaza en propiedad para conseguir que la Consejería de Educación les reconozca el derecho a ser fijos.

Aidmur da por hecho que la Justicia europea impedirá a la Administración española seguir encadenando contratos a los empleados interinos. Amparan su reclamación en una directiva europea de 1999, en la que se aludía a «la fijeza del trabajador» como consecuencia de la contratación temporal sucesiva. De confirmarse el fallo judicial, miles de empleados de la Comunidad y del resto de instituciones públicas podrían cambiar su situación laboral, lo que situaría a la Administración ante una situación muy complicada.