El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado tajantemente que no tiene intención de quitarle al consejero de Presidencia, Pedro Rivera, las competencias sobre los Servicios Jurídicos, a pesar de que sea el responsable de la actuación procesal de la Comunidad en la causa de la desaladora de Escombreras, en la que está imputado su suegro. La Administración regional está personada además en la investigación como perjudicada.
En su primera comparecencia como portavoz del Ejecutivo regional tras la marcha de la exconsejera Noelia Arroyo, López Miras dejó claro que no se ha planteado ni se va a plantear el traspaso de las competencias de Rivera a otra Consejería. «No se puede cuestionar el trabajo y la voluntad de este Gobierno en defender el interés de la Región», agregó López Miras.
Sostiene que la representación procesal de la Comunidad Autónoma la lleva «la Dirección General de los Servicios Jurídicos; unos letrados de reconocido prestigio, que son los que plantean la defensa de los intereses de la Región de Murcia».
Hace un par de semanas, cuando este diario trató de conseguir que Pedro Rivera se pronunciara sobre su actuación como consejero a pesar de la relación de parentesco que guarda con uno de los imputados en la causa en la que está personada la Comunidad, el Ejecutivo regional contestó que «la Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM, pese a ser un departamento estructuralmente adscrito a la Consejería de Presidencia, dispone de la representación procesal de toda la Administración regional de forma transversal».
Para el Ejecutivo la relación familiar entre Pedro Rivera y su suegro, el ingeniero imputado en el caso de la desaladora Juan Jódar no supone ninguna merma en la defensa de los intereses regionales. Defiende que «las actuaciones que llevan los letrados de la Dirección siempre se hace en aras de la defensa de los intereses de la Administración Pública como persona jurídica, que a la sazón son los intereses de todos los ciudadanos de la Región».
