Condena de 183.500 euros por parar las obras de una carretera

La Consejería de Fomento del gobierno murciano ha sido condenada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia a pagar una indemnización de 183.500 euros por haber paralizado durante 16 meses las obras de acondicionamiento de una carretera que le habían adjudicado.

La sentencia estima así la demanda que la empresa presentó contra la resolución de la Consejería que rechazó su reclamación.

El TSJ señala que la paralización de las obras es imputable a la administración, por lo que esta debe responder de los daños y perjuicios producidos a la constructora por la suspensión temporal de los trabajos.

La Sala indica que la demandada atribuyó a la demandante una falta de prueba de los gastos por los que reclamó, «obviando que no puede alegar en vía jurisdiccional su falta de justificación cuando pudo, ante la reclamación de la actora, acordar lo procedente para la comprobación de los gastos».

Y añade que «no puede admitirse que, frente a una reclamación de gastos, la administración no realice actuación alguna, ni dé respuesta a la interesada, y una vez que esta acude a la vía jurisdiccional para resarcirse de los daños sufridos hacía varios años, la contestación se base en gran medida en que no se ha justificado los mismos».

Señala también la sentencia que una vez autorizada la suspensión de las obras, lo que debió hacer la Consejería fue haber adoptado las medidas precisas para que no se produjeran daños y para la conservación de las ya realizadas.