Justo detrás del Reina Sofía, y comunicado con el hospital, se encuentra el Instituto de Medicina Legal de Murcia, un edificio que tiene ya un cuarto de siglo y donde a quienes hayan muerto en circunstancias sospechosas se les da la última palabra. Allí, los profesionales de la medicina forense hablan por los que no tienen voz. «Este un organismo de auxilio a la Administración de Justicia», apunta el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón, que acompaña a LA OPINIÓN en una visita a las instalaciones del centro, «heredero del cuerpo de médicos forenses, aunque organizado en equipos».

Los profesionales que trabajan en el lugar se reparten en distintos departamentos, detalla Bañón. El primero es el de Patología, donde se lleva a cabo un estudio de los cadáveres que llegan, en el marco de una investigación judicial. El trabajo de los forenses, «determinar la causa de la muerte», concreta el director.

Luego está el servicio de Clínica, donde «se hace un peritaje de personas vivas», destaca Bañón. Desde víctimas de una agresión sexual a lesionados físicamente. Por ahí pasó, por ejemplo, el joven Andrés Martínez, después de recibir en Santa Isabel el puñetazo de un portero de discoteca que le llevó a la UCI.

En los ataques sexuales, apostilla Bañón, los forenses suelen desplazarse a los hospitales, para paliar el trago que ha de pasar la víctima.

También se tratan en esta sección lo que son «accidentes de tráfico y temas de invalidez», resalta su cabeza visible.

En el mismo departamento «hay una sección de Psiquiatría, donde se valora el estado mental de personas que tienen relación con la Justicia, como delincuentes», con el objetivo de determinar hasta qué punto «la enfermedad mental limita la integridad de una persona», señala Bañón. «Prácticamente todos los días tenemos una visita a los hospitales para supervisar los internamientos», señala el director del Anatómico Forense.

En la sede de Cartagena es donde se encuentra el laboratorio, en el que «hacemos los análisis que piden otros servicios, sobre todo de toxicología y de anatomía patológica», comenta Bañón, al tiempo que puntualiza que «no hacemos genética (análisis de ADN), ahí el apoyo nos lo da el Instituto Nacional de Toxicología, que es un laboratorio muy ágil». «Cuando se hace rápido, el resultado del ADN se puede tener en 48 horas; el problema es que hay muchas analíticas, puede haber demora», hace hincapié. «Tan rápido como en CSI no es», matiza.

En el Instituto de Medicina Legal se hacen «unas 750 autopsias al año», calcula su responsable. Además, se realizan «unos 30.000 informes al año de reconocimientos a personas vivas».

En el organismo trabajan 30 forenses, 21 de ellos en Murcia y el resto en Cartagena. «Nuestros psicólogos y trabajadores sociales están en el Palacio de Justicia, y también los hay en todos los partidos judiciales», destaca Bañón, a lo que añade que el centro cuenta siempre con «tres forenses de guardia, preparados para salir las 24 horas del día» allá donde se les necesite para levantar un cadáver.

La muerte tiene que ver con las estaciones. «En verano vienen muchos ahogados. Los suicidios aparecen más en primavera y en otoño», indica el director, al tiempo que precisa que a un cuerpo «se le hace la autopsia cuando hay una sospecha de criminalidad».

«Normalmente, el 50% de las muertes que tenemos son naturales y el 50% son violentas», especifica el responsable del Instituto de Medicina Legal, la cual es «una ciencia en la que a veces aparecen indicios muy evidentes, pero los médicos forenses tienen la obligación de confirmarlos».

En este sentido, recuerda el caso de «un señor, que apareció muerto con una bolsa de plástico en la cabeza», del que se pensó en un principio que se había quitado él mismo la vida «y luego salió que había sido estrangulado».

El forense es siempre extremadamente minucioso, ya que todo «hay que mandarlo bien, porque, si no, se puede anular una prueba, y la nulidad es una catástrofe», subraya Rafael Bañón.

Dedicarse a la medicina legal es, a su juicio, una labor «apasionante y divertida» que está llamando la atención de más gente «en los últimos años por el efecto de series de televisión» como la citada CSI o El cuerpo del delito.

En la Región de Murcia, en la última década, han quedado una treintena de cuerpos sin identificar, indica Rafael Bañón. «Más de la mitad se encontraron flotando en el mar», por lo que se presupone que se trataba de migrantes que intentaban alcanzar España en patera. «Pero también hay transeuntes que no llevaban documentación ni han sido identificados por huellas ni ADN».

Asimismo, se da la circunstancia de que hay «cadáveres bien identificados, pero que no reclama nadie», explica el director del Instituto de Medicina Legal. Cuando esto pasa, toca ponerse en contacto con los Servicios Sociales de cada localidad. A los cuerpos se les da sepultura «siempre en nichos identificados, por si hay que exhumarlos después; las fosas comunes ya no existen», detalla Bañón.

Mientras tanto, los cuerpos se conservan «en frío» en la docena de cámaras que hay en la zona del sótano del centro, junto a las dos salas de autopsias. «Doce cámaras para treinta cadáveres», desgrana el máximo responsable del organismo. «Tenemos un plan de contingencia para accidentes múltiples, para poder depositar hasta cincuenta cadáveres. Ya a partir de cincuenta tendríamos que ir con Protección Civil a lugares alternativos», especifica.

Preguntado por qué puede llegar a contar el cuerpo sin vida de alguien al forense que lo examina, Bañón resalta que «da mucha información, suele tener indicios a la hora de determinar la causa de la muerte, que nosotros confirmamos».

Para mejorar aún más su trabajo, «estamos pendientes de instalar un equipo de radiología para hacer un escáner completo del cuerpo. Ya se ha publicado en el BOE el concurso y estamos a la espera, en unos seis meses esperamos tenerlo», dice Bañón.