Marcos Peña, presidente del CES nacional, intervendrá mañana en Murcia en el acto conmemorativo de los 25 años de la creación del Consejo Económico y Social de la Región, que preside José Antonio Cobacho. Cree que el entendimiento alcanzado entre empresarios, sindicatos, consumidores y el resto de instituciones que integran este órgano consultivo de los gobiernos debería aplicarse en la política.

Parece que la recuperación no ha llegado a los salarios, sino que se ha enquistado el empobrecimiento de los trabajadores.

Hay que ser conscientes de que con la crisis desaparecieron tres millones y medio de puestos de trabajo. Solo en el año 2009 se perdieron 1,3 millones. Pensar que esa herida está cicatrizada del todo es ingenuo. Hay mucho daño cronificado y va a ser difícil de que seamos capaces de repararlo. Los únicos sistemas de protección que han funcionado son la sanidad, la educación y las pensiones. Los trabajadores participaban en 2008 en un 50,1% de la renta nacional y ahora están en el 47,6%. Mientras tanto, las pensiones han subido seis veces lo que los salarios durante el periodo de crisis. El comportamiento del sistema nacional de pensiones ha sido para sentirse orgulloso: la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es trece veces inferior a la media. Evidentemente, el daño no está restaurado. La única manera de restaurarlo es siendo más capaces, más listos y estando mejor formados.

¿Es posible cambiar la tendencia actual?

El futuro no está escrito, pero las tenencias apuntan hacia una polarización entre un sector bien formado, con salarios elevados, y un sector amplio, no formado, en la base de la pirámide. A nosotros nos corresponde gestionar esta evolución delicada, porque estamos en un cambio de época que va unida a la robotización, la economía colaborativa y toda una serie de problemas. Sin embargo, no se puede dar una respuesta simple a un problema tan complejo como el que padecemos.

¿En qué medida se han cumplido las expectativas que ofrecía el CES hace 25 años?

Lo que uno más valora es que se ha convertido en un lugar de entendimiento. A pesar de representar intereses en conflicto, ha establecido una cultura del acuerdo y todos los trabajos que hacemos, sean informes, la memoria o los dictámenes, alcanzan una mayoría casi unánime, siempre superior al 90%. Y compartir un diagnóstico entre los agentes económicos y sociales en un país tan acostumbrado a no acordar es un logro que yo creo que es importante. Esa cultura del entendimiento a mí me satisface. Además, hablamos siempre sobre asuntos tangibles que giran en torno al valor central de nuestra sociedad, que es el valor trabajo. Esa experiencia nos ha entrenado y nos ha permitido articular un procedimiento que facilita la concertación y el entendimiento.

¿Los gobiernos hacen caso de sus dictámenes ?

Nosotros somos un órgano consultivo, cuya obsesión es hacer bien su trabajo y explicarlo de manera consensuada. Como es normal en la historia de cualquier órgano consultivo, unas veces te hacen caso, otras menos caso y otras ningún caso, pero eso no es motivo de frustración. La frustración sería no cumplir con los objetivos legales que tenemos encomendadas y eso lo cumplimos perfectamente, de la mejor manera que podemos. Creemos que la gobernanza debe ser participada y no tan reñida entre la partes que intervienen para gestionar una realidad tan compleja y tan mutante.