Más de 45.000 personas tienen prohibido trabajar con niños en España por sus antecedentes penales. De ellas, 1.688 son de la Región de Murcia. El Registro Central de Delincuentes Sexuales, en vigor desde 2016, recoge los datos de 45.155 personas (42.581 adultos y 2.574 menores) sobre las que pesa una sentencia firme por un delito de índole sexual, lo que les impide acceder a trabajos en los que tengan contacto directo con menores.
El Ministerio de Justicia pretende facilitar a los ciudadanos que ejercen o vayan a ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, la obtención del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que permite acreditar la carencia de este tipo de delitos o, en su caso, la existencia de los mismos. Esta iniciativa se ponía en 2016 en marcha a raíz de la entrada en funcionamiento, el 1 de marzo, del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
La obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, viene establecida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
El registro, dependiente del Ministerio de Justicia, se creó siguiendo las recomendaciones del convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.
En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.
Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitar el certificado negativo, con autorización previa del trabajador, directamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, se evitan desplazamientos y se agiliza su tramitación.
La información sobre las personas inscritas en este fichero no es pública. Solo la pueden utilizar los jueces y tribunales, la Fiscalía y la Policía Judicial para la prevención y la persecución de los delitos sexuales.
