La Asamblea Regional adoptaba el 26 de abril de 2017 un acuerdo histórico. La Región de Murcia se convertía aquel día en la primera comunidad autónoma que acordaba la supresión de los aforamientos de los diputados y miembros del Ejecutivo regional. La decisión fue adoptada además por unanimidad. Sin embargo, un año y casi seis meses después, la reforma continúa sin tener validez, a la espera de que sea ratificada en las Cortes Generales.

La eliminación de los aforamientos conllevó la revisión de dos artículos del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Esta modificación de la 'constitución autonómica' requiere del respaldo del Congreso de los Diputados y del Senado para que pueda entra en vigor.

Esta reforma, que exigía el apoyo de dos tercios de la Asamblea Regional (27 de los 45 parlamentarios), salió adelante con el voto de los diputados del PP, que hasta entonces se habían opuesto por - aseguraban- una cuestión formal, ya que eran «partidarios de eliminarlos a través de una reforma global del Estatuto». Aquella votación, no obstante,estuvo condicionada por la exigencia de Ciudadanos, que pedía el apoyo a la eliminación de los aforamientos a cambio de abstenerse en la votación de investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad.

La Asamblea suprimía, en concreto, el segundo párrafo del artículo 25.2 (que hace referencia a los diputados regionales) y el 33.7 (referido a los miembros del Consejo de Gobierno) del Estatuto de Autonomía: «No podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio».

Con su aprobación en la Asamblea, la reforma quedaba ya en manos de las Cortes Generales. Este trámite estaba previsto que se alargaría, aunque finalmente se ha demorado más de lo esperado. La Reforma del Estatuto murciano fue registrada en el Congreso en junio de 2017, pero no fue hasta febrero de 2018 cuando terminó el plazo para la presentación de enmiendas. «PP y Ciudadanos pedían cada martes la ampliación del plazo de enmiendas», asegura la diputada del PSOE María González Veracruz.

Tras las enmiendas, la siguiente fase pasaba por la puesta en marcha de la Comisión Constitucional, que preside el popular Jesús Posada, pero sus ponentes todavía no se han constituido. Este es el último paso antes de que el Estatuto llegue al pleno para su debate y votación, pero de momento se encuentra en punto muerto. «Hay un interés por obstruir este tema. No tiene ningún sentido ya que son sólo dos artículos y así estamos más de un año», opina González Veracruz, que es ponente junto con el parlamentario Gregorio Cámara.

Los diputados de Ciudadanos Miguel Garaulet y José Luis Martínez presentaban este mes de junio una reclamación para convocar la ponencia. «Y como todavía no hemos recibido respuesta, vamos a solicitar en la Mesa de Portavoces otro escrito para que se forme la ponencia», afirma Garaulet, quien critica que la reforma está paralizada por «la falta de interés del PP» y señala que formaciones como Podemos, Esquerra Republicana y el grupo mixto «no han presentado sus ponentes».

«El ponente de Podemos voy a ser yo, pero estamos a la espera de que la ponencia se articule», asevera el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna. «Esto es una decisión de los partidos que controlan la Mesa del Congreso, que son el PP y Ciudadanos, que no agilizan los trámites», afirma Sánchez, quien considera que la eliminación de los aforamientos es una medida «fundamental» para avanzar en la regeneración democrática.