La nueva ley de contratos públicos que entró en vigor en marzo rebaja de 60.000 a 50.000 euros el importe de las obras que un ayuntamiento puede adjudicar sin un concurso público.
Al mismo tiempo, reduce también de 18.000 a 15.000 euros el importe de las contrataciones de servicios que puede realizar de forma directa. Además, ninguna empresa podrá superar los 40.000 euros en contratos, según indicó el secretario de la Federación de Municipios, Manuel Pato.
El objetivo de estas reformas es reducir el margen de discrecionalidad que tienen los alcaldes para actuar a dedo, sin necesidad de una convocatoria pública.
