El abogado Andrés Arnaldos, que sustituyó a María Antonieta Fernández como secretario del Ente Público del Agua y fue, además, asesor legal de este organismo, descalificó los informes realizados por la UDEF que plantean grandes discrepancias entre el coste real de la desaladora y la cantidad que Hydro Management llegó a reclamar a la Comunidad. «La UDEF de esto no sabe», dijo el letrado, quien aseguró haberse peleado con el grupo ACS para conseguir una solución satisfactoria para la Administración, aunque su actuación ha dado lugar a la apertura de una pieza separada. En su declaración también negó cualquier intervención en la firma de los polémicos contratos y aclaró que la empresa Desaladora de Escombreras no tuvo su primera sede social en su despacho de la calle Trapería. Arnaldos, que también prestó declaración como investigado, explicó que esta sociedad creada por ACS antes de ser asumida por la Comunidad estuvo domiciliada inicialmente en «el polígono industrial La Polvorista de Molina de Segura». Detalló que el primer gerente, Amalio Garrido, consideró que «ni siquiera iba a poder controlar la correspondencia» si seguía en su domicilio inicial cuando el Ente Público había adquirido ya el 51% de la sociedad que era la titular del contrato de arrendamiento.
De esta forma, el abogado se desligaba del grupo empresarial que había impuesto a la Comunidad unas condiciones leoninas al cargar a su filial Desaladora de Escombreras los compromisos que después trasladaría al Ente Público del Agua cuando le vendió las acciones. Entre estos compromisos figuraba la obligación de abonar los 25 años de alquiler por adelantado, más unas compensaciones que elevaban el coste final a casi 600 millones. A su juicio, esta operación era una especie de 'leasing', que habría convertido a la Comunidad en la propietaria de la planta cuando cumpliera los 25 años como inquilina. «Estoy convencido de que la intención era comprar una desaladora a plazos».
