Los consejeros de la CAM no tendrán que responder con su patrimonio aunque sean condenados por apropiación indebida por las dietas de 600.000 euros que el expresidente de la entidad Modesto Crespo cobró a través de la sociedad participada Tinser Cartera. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido eximir de responsabilidad civil a los miembros de este órgano de gobierno de la extinta entidad, del que formaban parte los empresarios murcianos Ángel Martínez y José García Gómez, al entender que el daño económico provocado ya será repuesto por el propio Crespo. El expresidente de la caja había aceptado devolver el dinero como parte del acuerdo al que llegó con el Ministerio Público para declararse culpable a cambio de rebajar su condena.

Como un jarro de agua fría. Así acogió ayer la mayoría de los exconsejeros de la CAM -acusados de convertir a Modesto Crespo en el primer presidente de la historia de la caja que cobraba- el anuncio del fiscal Anticorrupción de que mantenía los cargos para todos ellos: un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal por el que reclama penas que oscilan entre los dos y los tres años de prisión según fueran sólo miembros del consejo de administración (dos años) o también de la comisión de retribuciones (tres).

El pacto del expresidente

Tras aceptar la confesión de Crespo, Briones elevó sus conclusiones a definitiva, es decir, sin modificarlas en cuanto a la responsabilidad penal. Pero se guardaba un as en la manga. Tras el abono por parte del expresidente de 200.000 euros y el compromiso de devolver los 400.000 restantes en los próximos tres años, una condición indispensable para el pacto con el Ministerio Público, el fiscal exoneró de responsabilidad civil al resto de los acusados, a quienes hasta ese momento se les reclamaba el pago solidario de los 600.000 euros.

A la sesión de ayer, la novena de esta vista oral y en la que finalizaron las testificales y se dio paso a la fase de conclusiones e informes, que comienzan hoy, gran parte de los encausados llegaron convencidos de que el fiscal Felipe Briones iba a retirar la acusación para ellos.

A favor de esta percepción frustrada jugaban las declaraciones en bloque de prácticamente todos los miembros del consejo que dio luz al abono de 300.000 euros al año al empresario ilicitano por no hacer nada a cambio. Una ilegalidad que el propio beneficiario de estos pagos, con los que se embolsó 600.000 euros cuando la entidad ya estaba agonizando, ha admitido en un pacto con la Fiscalía que le libra de ingresar en prisión pero que ha dejado al resto de sus compañeros de banquillo en una situación complicada.

Excepto el secretario del consejo José Forner y los también miembros de la comisión de retribuciones Martín Sevilla y, con matices, Antonio Gil-Terrón (además del ex director general Roberto López Abad, quien no era miembro del consejo), todos los demás han declarado desde el principio de este procedimiento que tal remuneración nunca se llevó a ese órgano, por lo que dificilmente pudieron aprobarla.

Estas manifestaciones que se suman a las dudas que han planeado a lo largo del proceso sobre la legalidad del acta que recoge lo que ocurrió en aquella sesión del 27 de noviembre de 2009, a la que estos consejeros aseguran que únicamente se llevó el nombramiento de Crespo al frente de la participada Tinser Cartera, y que les codujo a pensar que la solución a su calvario judicial estaba cerca. Pero no fue así.