El Juzgado de Instrucción Número 1de Lorca ha acordado aplazar la declaración en calidad de investigado del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez y del arquitecto Martín Lejárraga por el caso Pasarela, que estaba prevista para mañana viernes 2 de febrero.
La decisión del juez se produce a petición de la Fiscalía y del partido Podemos, que está personado en el caso, ya que ambas acusaciones habían solicitado documentación complementaria al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y al Gobierno de la Región de Murcia, referente a la subvención que se concedió para realizar el proyecto de la pasarela sobre la Rambla de Nogalte, en el municipio lumbrerense. La declaración, por tanto, queda aplazada hasta que llegue la documentación referida y el juez señale una nueva fecha.
La investigación del caso Pasarela trata de dilucidar si Pedro Antonio Sánchez y otras personas, entre ellas el arquitecto Martín Lejárraga, el mismo que realizó el Auditorio de Puerto Lumbreras, pudieron incurrir en algún hecho delictivo en la adjudicación de las obras de rehabilitación de un puente sobre la rambla de Nogalte y una pasarela, en el municipio en el que el expresidente fue alcalde entre 2003 y 2013.
Las diligencias, donde se investigan los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, surgieron en los juzgados de Lorca durante la tramitación del caso Auditorio, al sospechar la juez que pudo haber un mal uso de las subvenciones públicas. No obstante, el Juzgado de Lorca acordó archivar las actuaciones y no investigar porque el fiscal se pasó en dos días el plazo de que disponía para solicitar que la instrucción de la causa fuese declarada compleja, tal y como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la última reforma. Meses después, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura de la causa al considerar en un auto que ese plazo de seis meses no debe ser aplicado de forma automática, por lo que considera que en este caso no procedía el sobreseimiento solo porque se hubiera superado en dos días.
El caso Pasarelas es el tercer frente judicial que tiene abierto Pedro Antonio Sánchez, que también tiene que rendir cuentas ante la Justicia por el caso Auditorio, donde se le investiga por supuestas ilegalidades en el proceso de adjudicación y construcción del teatro auditorio de la localidad, y el caso Púnica, donde se le acusa de cerrar un contrato con empresas de la trama para mejorar su reputación en Internet que iba a ser financiado con dinero público.
Ambas causas están en los juzgados ordinarios (una en Lorca y la otra en la Audiencia Nacional) tras dimitir Pedro Antonio Sánchez como diputado regional en la Asamblea el pasado mes de septiembre, perdiendo entonces su condición de aforado.
PAS fue alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013, consejero de Educación entre 2013 y 2015 y presidente de la Comunidad Autónoma de julio de 2015 a abril de 2017, cuando presentó su dimisión acosado por las causas judiciales y tras la presentación de una moción de censura por parte de la oposición en la Asamblea.
