Cinco meses después de que entrara en funcionamiento, el juzgado encargado de resolver las reclamaciones por las cláusulas suelo se ve colapsado con cerca de 2.500 demandas. CSIF ha denunciado que este colapso está retrasando su tramitación, lo que lleva a que se estén señalando audiencias previas para marzo de 2018. El sindicato critica que también sufrirán las consecuencias los demás ciudadanos que tienen causas pendientes en el Juzgado de Instrucción número 11, al que se le ha asignado la tramitación de las reclamaciones contra las instituciones financieras que cobraron dinero de más a los clientes con préstamos hipotecarios.

En la Región se calcula que puede haber unos 70.000 murcianos con cláusula suelo que podrían reclamar, según las estimaciones de la asociación Adicae.

No es extraño por eso que en los tres primeros meses el Juzgado de Instrucción encargado de su tramitación recibiera más de un millar de reclamaciones, que en este momento se elevan a 2.469, según los datos facilitados por CSIF. El sindicato recuerda que este Juzgado cuenta con una plantilla compuesta «por un letrado de la Administración de Justicia y dos tramitadores», lo que provoca «una situación que no sólo afecta a los ciudadanos damnificados por las cláusulas suelo, sino que puede repercutir, y de hecho está repercutiendo, en el resto de demandas civiles sobre otras materias. Por ello, CSIF ha pedido que se refuerce también la Unidad de Apoyo Directo de este Juzgado número 11».

La organización sindical precisa que de «las 2.469 demandas registradas en la Región, la mitad están incoadas; en 216 se ha señalado audiencia previa, con fecha última para el 6 de marzo, mientras que se ha requerido a 573 reclamantes para que subsanen defectos. Asimismo, se ha dictado una sentencia, que ha sido apelada, en la que no se devuelve el impuesto de actos jurídicos documentados».