El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, negó ayer en el Congreso haber recibido órdenes del Gobierno cuando tomó la decisión de oponerse a la imputación del presidente Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica, y en los recientes nombramientos que afectan a la cúpula fiscal, que incluyeron el relevo del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, que impulsó la investigación del caso Auditorio, que afecta también al jefe del Ejecutivo regional.

Maza compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso a instancias de PSOE y Ciudadanos para dar explicaciones de varios asuntos que salpican a esta institución y que han puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia del Ministerio Público, que el fiscal general del Estado defendió con vehemencia.

Tras una primera intervención muy técnica en la que desgranó el funcionamiento orgánico de la Fiscalía, Maza recogió el guante de los grupos y no esquivó ninguna de las preguntas, si bien la oposición no quedó satisfecha con sus explicaciones, especialmente con los dos asuntos más polémicos: la oposición a imputar al presidente de la Comunidad y el relevo en las fiscalías clave.

Maza afirmó que no recibió órdenes de nadie para rechazar la imputación de Sánchez, una decisión que avalaron dos informes jurídicos -de la Secretaria Técnica de la Fiscalía y de cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo-, y con la que él estuvo de acuerdo. «Mientras sea fiscal general del Estado, no voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español, sea político o no, hombre o mujer, mayor o pequeño, se le siga un procedimiento por la Fiscalía si yo veo que no hay fundamento para ello, sin atender a la condición o ideología de las persona investigada o acusada».

Reconoció Maza que, en contra del criterio de las dos fiscales de Púnica, dio instrucciones a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, para posicionarse en contra de elevar una exposición razonada que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia imputara a Sánchez, tras estar respaldado por sendos informes.

«¿Creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas (...) para que me llevasen la contraria y quedar desairado? ¿Lo creen realmente?», preguntó a los presentes antes de insistir en que no ha actuado «con seguidismo respecto de nadie».

Maza no ha escondido a lo largo de las más de tres horas de comisión la «rabia» e «indignación» que le ha producido el trato informativo que se le ha dado a esta y otras actuaciones de la Fiscalía. «Perdonen que muestre mi indignación, pero es que llevo mordiéndome la lengua todos esos días», subrayó.

José Manuel Maza no se salió del guión cuando abordó el tema de los nombramientos en la cúpula fiscal al asegurar que «jamás en la vida» el Ministerio de Justicia le ha ordenado ni impuesto alguno de los cambios o relevos. Es por ello que insistió en que todas las renovaciones y nombramientos se han realizado con los criterios de mérito y capacidad, pero también pidió comprender que como fiscal general debe contar con total «confianza» en los cargos designados, especialmente en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional.

«Necesito en ambas fiscalías un impulso nuevo con mi llegada», explicó Maza, y en el caso del cambio en la Fiscalía de Murcia ha recordado que el anterior responsable, Manuel López Bernal, ha sido relevado por quien fue impulsor de los procedimientos contra la corrupción, José Luis Díaz Manzanera.

Las explicaciones de Maza no dejaron satisfecha a la oposición. Para el PSOE, la actuación del fiscal general en el caso de Pedro Antonio Sánchez no hace más que «amontonar las sospechas» que ya suscitó su nombramiento en noviembre sobre que «por fin el PP ha encontrado al fiscal idóneo». Irene Montero, de Unidos Podemos, reprochó a Maza que no aclarase por qué Pedro Antonio Sánchez se enteró por una filtración de que la Fiscalía no quería imputarle. Montero denunciólo que llama «la mafia del canapé», que se dedica a «tejer redes de complacencia entre los poderosos» en lugar de luchar contra la corrupción.

José Manuel Villegas, de Ciudadanos, retiró la confianza de su partido en el fiscal general, mientras que la diputada del PP María Jesús Moro arremetió contra López Bernal, a quien acusó de haber llevado a cabo «una causa general y un proceso inquisitorial» contra el presidente de la Comunidad.