Ciudadanos incumple su pacto con el PP

Por esa regla de tres, Ciudadanos debía haber solicitado la dimisión de Segado hace un año, que es más o menos el tiempo en que éste es presidente del PP de Cartagena, cargo para el que fue elegido (o designado, dada la singularidad de los procedimientos democráticos en ese partido), pues hay que recordar que cuando sustituyó al dúo Francisco Celdrán/Pilar Barreiro ya llevaba sobre sus espaldas la etiqueta de imputado. Sin embargo, Ciudadanos ha mantenido una extraña discreción sobre ese detalle (más adelante intentaremos entender el motivo), que contrasta con el hecho de que en su día se mantuviera inflexible en la petición de dimisión de Miguel Ángel Cámara como secretario general del PP. ¿Cómo se explica que fuera implacable con el hombre que dirigía el PP en Murcia y se le pasara por alto la imputación del que ahora dirige ese partido en Cartagena? En este caso sólo ha salido a pedir la aplicación del pacto cuando la Audiencia ha señalado a Segado el camino del banquillo, cosa que todavía no ha ocurrido a Cámara en la media docena de imputaciones que pesan sobre él por los distintos chanchullos en que anda envuelto. Lo que Ciudadanos hizo firmar al PP no es la dimisión a boca de banquillo, sino la preventiva por simple imputación, cosa que ha olvidado en la relativo a Segado.

Católicos y protestantes. Para entender este embrollo hay que rastrear el alcance de ese punto primero del pacto de investidura. Para la opinión pública pareció quedar claro que lo que Ciudadanos exigía al PP y que este partido firmó para conseguir que Pedro Antonio Sánchez fuera elegido presidente de la Comunidad era algo tan sencillo como lo siguiente: todo político imputado deja su cargo y se marcha a casa. Fácil de entender.

Pero después vendrían las interpretaciones finas. El texto del pacto PP/Cs se refiere a «imputados por corrupción». Y ahí es donde el PP despliega una particular hermenéutica: ¿qué es corrupción? La prevaricación, que es de lo que la instrucción judicial acusa a Segado, no es corrupción para el PP, como para Bill Clinton, como recordábamos aquí el pasado domingo, el sexo oral no es sexo. Sin embargo, la prevaricación consiste en tomar decisiones injustas a sabiendas de que son injustas, de modo que si no es corrupción será malafollá, pero en todo caso algo impropio de la confianza otorgada a un responsable político.

La cuestión se asemeja a la guerra de religiones. Los católicos, que en este caso serían los del PP, leen la Biblia de manera metafórica, mientras los protestantes, Ciudadanos para la circunstancia, hacen lecturas literales.

La tardía reacción de Ciudadanos al no pedir la dimisión de Segado hasta que no ha sido conducido al banquillo impugna su propia teoría estampada en el acuerdo de investidura, según la cual sólo bastaba la imputación para que sea necesario abandonar el cargo. Por tanto, en la práctica, da la razón al PP, si bien éste todavía va más lejos en la expresión del propio interesado, el presidente de Cartagena, quien ayer declaraba que «cuando haya una sentencia firme será el momento de tomar decisiones». O sea, no le basta el banquillo, sino la decisión judicial definitiva. Pero ésta nunca se produce hasta que interviene, en última instancia, el Tribunal Supremo después de largos recursos. Recordemos que un alcalde de Fortuna, del PP, ejerció su cargo tras sucesivas sentencias que ratificaban que había comprado votos hasta que el Supremo lo inhabilitó y tuvo que salir por piernas del Ayuntamiento.

Evitar el paralelismo. El PP, reacio siempre a tomar decisiones ejemplares en casos de supuesta corrupción, en estas circunstancias está todavía más obligado a mantener a Segado, quien plagia al pie de la letra el discurso del propio Pedro Antonio Sánchez en relacion al caso que a afecta a éste, el Auditorio de Puerto Lumbreras, y es que no hay corrupción, sino error administrativo. Si el PP forzara la dimisión de Segado sería un mal antecedente para el propio PAS, pues las razones que habrían motivado la caída del cartagenero serían atribuibles al presidente de la Comunidad. Por tanto, Segado puede estar seguro en su cargo.

Pero ¿qué va a hacer Ciudadanos? Puede que haya pedido la destitución de Segado como un gesto retórico, pero de ser así pondría la credibilidad de este partido en muy mal lugar. Cabe recordar que el año pasado por estas fechas, en un caso menor, la imputación de la entonces alcaldesa popular de Torre Pacheco por el nombramiento con su ´Dedo Mágico´ (expresión propia de la dicha alcaldesa) de la interventora municipal, Ciudadanos se negó a aprobar el techo de gasto de los Presupuestos regionales, un trámite que el Gobierno sólo pudo resolver con la estrecha colaboración del Consejo Jurídico, un órgano ad hoc que justificó con alambiques que el Ejecutivo desconsiderara la ley todavía vigente que establece que es preceptivo aprobar el ´techo´ antes que los Presupuestos. La alcaldesa popular, Fina Marín, fue desplazada del cargo por una moción de censura de su oposición, no por imposición de su partido, y después su Dedo Mágico fue judicialmente archivado.

Pues bien, en esta ocasión todavía no hemos escuchado a ningún portavoz de Ciudadanos advertir, como entonces respecto de la alcaldesa, que si no se produce la dimisión de Segado no ayudarán a la aprobación de los Presupuestos, en trámite en este momento en la Asamblea Regional. Y hay que recordar que si Ciudadanos no vota a favor o se abstiene, no habría presupuestos para 2017.

Pero el hecho de que no hagan depender la dimisión de Segado de la aprobación de los Presupuestos indica que su petición es un brindis al sol, ya que es obvio que el PP no se va a dejar cobrar esa pieza. Y en la práctica significará que Ciudadanos incumplirá su pacto con el PP (y no al revés), ya que no instrumentará, como hizo el pasado año, el único mecanismo de que dispone para forzar al partido del Gobierno a que sea consecuente con la letra y el espíritu de lo que firmó para obtener la investidura.

Sin poner en juego los Presupuestos. Ciudadanos intenta escenificar discrepancias con el PP respecto a los Presupuestos, dado que el Gobierno le ofrece un margen escaso en la negociación, y prácticamente dicta a los diputados del partido de Rivera lo que deben enmendar para que sea aceptado. Los populares son conscientes de que Ciudadanos dispone de un escaso espacio para plantear una oposición más efectiva, como la que ejerció al principio de la legislatura, pues en la práctica es ya un aliado, según se desprende de la lógica parlamentaria nacional. Los cuatro diputados de Ciudadanos intentan salvar el tipo fingiendo irritación por el ninguneo, pero es obvio que están condicionados a dar el sí, de una u otra manera. Hasta el día y la hora su posición respecto a los Presupuestos no está interferida por cuestiones relativas al pacto de investidura, y menos al punto primero relativo a las causas de supuesta corrupción. De manera que pedir la dimisión de Segado, primero, y aprobar los Presupuestos después, dejará bien claro que quien renuncia a poner en valor el pacto de investidura es Ciudadanos.

Para no ser juez y parte. Pero quizá se deba atender al hecho de que el caso Segado es también o principalmente una incomodidad para Ciudadanos, y como he adelantado al principio tal vez la extraña discreción inicial ante la imputación del exconcejal esté determinada por una circunstancia especial. El conflicto judicial que afecta al presidente del PP de Cartagena data de cuando éste era concejal de Urbanismo en un gobierno municipal del Pilar Barreiro. En síntesis, desclasificó como urbanizable una zona de La Azohía en la que ya existía un proyecto de promoción turística con licencia municipal, al parecer por presión de los vecinos.

Pero uno de los empresarios ligados al proyecto de apartamentos y hotel era un actual dirigente de Ciudadanos, José Ángel Banet, responsable de Acción Política, sin duda una de las mejores cabezas pensantes de esta formación. Él y sus socios, que habían adquirido a ´buen precio´ unos terrenos de uso anterior de la Guardia Civil, se vieron perjudicados por la decisión municipal que, a medias de la promoción urbanística y con los préstamos bancarios concedidos, clausuró el proyecto de urbanización, algo que, con razón o sin ella, no es un ejemplo de seguridad jurídica para la iniciativa empresarial. Puede que la implicación de un dirigente de Ciudadanos, aunque sea como ´víctima´ de la actuación de Segado, fuera la causa de la retracción de ese partido para exigir desde el momento de la imputación (o mejor, desde el momento en que el imputado fue elegido presidente del PP de Cartagena) su inmediata dimisión. Pero de ser esto así, resultaría muy significativo que un partido anteponga su programa y sus compromisos al temor de que alguno de sus dirigentes aparezca como parte personalmente interesada en un asunto de tamaño alcance.

Una dimisión imposible. ¿Y por qué es imposible que dimita Segado? En primer lugar, por lo ya dicho: sus circunstancias son equivalentes a las de PAS, hasta en la calificación judicial, de modo que su retirada sería un ejemplo de difícil digestión para justificar la resistencia del presidente de la Comunidad si se viera, en alguno de los casos que le afectan, a un paso del banquillo. Al PP no le conviene crear antecedentes que puedan esgrimirse contra quien aspira a dirigirlo.

Pero hay que considerar, además, que Segado es la apuesta de PAS para adherirse Cartagena y limpiar el partido de la influencia del anterior equipo dirigente. Es cierto que Barreiro ya está fuera de juego (la imagino imitando a la infanta Cristina: «Estoy deseando que pase todo esto para no volver más a este país»), pero el PP cartagenero necesita una transición para acomodarse al nuevo liderazgo regional, y esa es la misión de Segado. Su nombramiento como presidente local irritó a Valcárcel, que vio con claridad la jugada de desplazarlo del liderazgo que mantenía en Cartagena mediante el juego de resistencias y recompensas, el palo y la zanahoria, a Pilar Barreiro. Al parecer, incluso se consoló con ésta de la ´extravagancia´ de PAS al optar por Segado. En varias conversaciones telefónicas con exdirigentes del PP cartagenero, Valcárcel tronó contra la decisión de su sucesor, si bien éste advirtió desde el principio a Segado que su calidad de presidente del partido no se traduciría necesariamente a la candidatura a la alcaldía. Su función es la de recomponer el partido en la zona para, llegado el momento, facilitar el aterrizaje suave de quien se considere que dispone de posibilidades para recuperar la alcaldía. Ese destino no va a ser fácilmente truncado por una imputación más o menos, aparte de que Segado es un hombre que ha nacido en la política y no tiene ninguna otra perspectiva, digámoslo así.

Respecto a Ciudadanos, todavía cabe alguna interpretación colateral por este arranque repentino cuando tanto tiempo ha venido olvidando que la situación judicial de Segado era una pieza que ponía en evidencia el pacto de investidura. Y es que, en el ámbito nacional, es muy perceptible que ese partido está gravemente enfadado con el PP, al que consideraba su socio por facilitar la investidura de Rajoy, mientras éste intenta ignorarlo para hacer buenas migas con el PSOE, que tiene necesidad de rentar una productiva imagen de gobernabilidad. Esa lectura podría justificar que Rivera haya estimulado a los suyos para que se pongan bravos en las autonomías en que tienen algún poder arbitral. Sobre este aspecto tendremos noticia en la semana que empieza, pues está programada la visita de Hervías, el cerebrillo de Organización de Ciudadanos, que vendrá a traer el aguinaldo a los dirigentes regionales.

Mientras tanto, queda claro que no es ya el PP el que incumple el pacto de investidura, lo previsible, sino que contra lo esperado, se le ha adelantado Ciudadanos, que le ha prestado su lógica y no sabe qué camino tomar si no le hacen caso.