Dicen de ella que bajo esa ´capa´ de buenas maneras e incluso dulzura -lo que se constata en el tono de su voz al hablar y en la tranquilidad que transmite- hay una fuerza y una seguridad en sus objetivos que llega a sorprender a sus interlocutores y adversarios. La doctora Encarna Guillén Navarro llegó a la consejería de Sanidad en julio de 2015 siendo una reconocida experta en enfermedades raras, principalmente en el campo de la pediatría. Nacida en Archena hace 52 años, está casada y tiene dos hijos y en febrero de 2015 fue elegida Mujer Murciana del Año en los Premios 8 de Marzo de la Consejería por su trayectoria en investigación. Esta entrevista se realizó una semana antes de que Mariano Rajoy lograra convertirse en presidente.

Lleva casi año y medio al frente de la consejería de Sanidad. ¿Cuántas veces ha pensado si lo sé no vengo? (Risas). Ante todo es un gran honor estar en una posición que me permite reflexionar y establecer el guión de la sanidad regional en los próximos años. Con un objetivo de lograr un cambio en este campo que responda a los retos actuales en salud, y en una situación en la que esta dirección se tiene que tomar conjuntamente con la participación de todos los agentes implicados: desde los ciudadanos, a los profesionales y las distintas instituciones y organizaciones externas a la administración, como las universidades. Por lo tanto, es un momento nuevo, apasionante. Debemos dar respuestas diferentes a lo que se ha venido haciendo en épocas anteriores.

Es decir, que hay que poner 'patas arriba' la Consejería. Hay que modificar la dirección que tenemos de la sanidad regional para los próximos años.

¿Quiénes de todos los colectivos que le rodean le dan más dolores de cabeza? ¿Los profesionales, la administración en sí? Esa nueva ruta a la que aludo precisa de una cultura general de cambio. Es necesario extraer la sanidad de soluciones cortoplacistas y que puedan dar retos electoralistas. Yo estoy luchando por una participación responsable, que suponga que miremos al futuro de forma cohesionada. Y lo que más puedo sentir desde la administración es que esta nueva mirada todavía no se ha creado. No se ha visto la importancia de responder a los retos actuales porque tenemos una sociedad muy distinta a la de hace unos años. Ahora se defienden soluciones desde otras formaciones políticas que no van más allá del momento actual. Y esto debe cambiar.

¿Por ejemplo? Debemos tener presente que nuestra sociedad, ante el aumento del envejecimiento, de la cronicidad de la enfermedad, ante la necesidad de fomentar la prevención, de acercar la atención sanitaria a cada paciente a su casa y su entorno, hay que responder de manera diferente. Muchas de las propuestas que se defienden corresponden a una sanidad del siglo pasado, cuando los principales proveedores de salud estaban en los hospitales. Pero ahora mismo tenemos la obligación de preservar la salud más allá de la aparición de la enfermedad. Debemos incidir en la prevención y en el autocuidado del paciente. Y también tenemos la obligación de hacer una sanidad pública y universal pero que sea sostenible.

¿Estos colectivos deben entonces dejar de mirarse el ombligo? Es indispensable. Como lo es que estas líneas estratégicas se establezcan por consenso. Y en este contexto se enmarca el Pacto por la Sanidad que quiere sacar adelante el Gobierno regional. Separar las líneas comunes de aquellas que sólo generan conflictos y que no nos llevarán nunca al objetivo deseado, que es mejorar la atención sanitaria y el nivel de salud de nuestros ciudadanos.

El Pacto comenzó algo accidentado, al desmarcarse algunos colectivos en un primer momento. ¿Cómo va ahora? Su ausencia de esa primera reunión, en la que presentamos las líneas generales, estaba justificada. En la segunda fase, en la que estas líneas estratégicas se expusieron en el portal de participación ciudadana, hemos recibido muchísimas aportaciones que se han ido discutiendo y valorando con los distintos colectivos, y en las que se han incorporado todos. Ahora nos corresponde la fase política. Y sólo el PSOE no ha visto la necesidad de participar en algo que va a sentar las bases para la futura sanidad regional. Tendrán que explicarlo a los ciudadanos. O carecen de propuestas o consideran que no son las adecuadas.

Usted comentó, al tomar posesión, que uno de sus objetivos era cambiar la ley de la Sanidad de 1994. ¿Todo este trabajo va encaminado a ello? Efectivamente, vamos adaptando las normativas y la ley debe cambiarse, actualizarse. Es una acción paralela ineludible. Pero más allá de la modificación legislativa lo que se hace indispensable es el cambio de mentalidad para esa nueva sanidad que debemos construir entre todos.

¿Hacia dónde debe ir la nueva ley?

Debe dar respuesta a las necesidades actuales de la sanidad pública. Entre otras cosas, debe haber un cambio organizativo y de objetivos en salud. Y debemos trabajar en cuatro puntos fundamentales: en los profesionales, cuál es el papel de los pacientes, cuál el de la administración regional, y cuál el de otros agentes como universidades e instituciones científicas que puedan colaborar en la solución de los actuales retos de salud.

¿En ese orden de importancia? Ahora mismo vamos a virar de un sistema organizativo donde el profesional, el médico, estaba en el centro, a situar al paciente en el centro y que todo gire entorno a él. Y aplicar todos los avances tecnológicos y científicos para lograrlo. Implica una ruptura con lo previo. Y seguramente deberemos romper las barreras que nos coloquen. Pero es imperativo dar un giro a la atención sanitaria con la redefinición de los papeles.

Dentro del ámbito sanitario, ¿qué colectivo deberá virar más? La Atención Primaria debe recibir el impulso necesario para tener un papel importante en la prevención de la enfermedad y en la atención de salud del individuo, esté donde esté. Y conectarla con la atención hospitalaria y social. No podemos seguir dando soluciones que fraccionen la atención y descoordinen o dupliquen los distintos niveles de atención.

Se avecinan nuevos recortes. ¿Sabemos ya cuánto le va a tocar asumir a su departamento? No, hasta ahora ha estado todo muy parado; faltan aspectos por conocer como la financiación autonómica y el techo de gasto. Pero la sanidad pública es un valor a preservar y no está en el foco de discusión de nadie. Sin embargo, nuestra obligación es hacerla eficiente y sostenible, sin perder la calidad; si no, va a ser difícil mantener el sistema. La limitación presupuestaria nos obliga a buscar soluciones más creativas. En cualquier caso defendemos la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica que nos permita contar con un presupuesto mayor en Sanidad.

Hace poco leí que el Ministerio preparaba un recorte en el gasto farmacéutico de más de 500 millones de euros. ¿Cómo podrían afectar en la Región? No tengo noticias ni nadie nos ha comunicado nada. Pero lo que sí puedo decir es que nuestro deber es velar por que los medicamentos que incorporamos al sistema público sean útiles para el paciente teniendo en cuenta varios factores, como la seguridad para el enfermo y la mejora de su calidad de vida, evaluando los resultados de los fármacos utilizados. Debemos prepararnos para una medicina individualizada y de precisión. Hay que evitar gastos inútiles seleccionando grupos de población a los que puedan ir dirigidos los fármacos y lograr que desaparezcan los pacientes polimedicados. Y conseguir cambios en los hábitos de vida de la población hacia pautas más saludables para que mejore su salud sin tomar fármacos.

Dejemos las cuentas. Acabamos de ser testigos de un hecho inaudito en la Región: La reprobación de un miembro del Gobierno, en este caso de la consejera de Educación, por parte de la Asamblea Regional. Si a usted le ocurriera, se replantearía su puesto? (Muy seria) En política no todo vale y no se puede intentar sacar rédito político en ausencia de justificación a una reprobación como en este caso. Debemos ser más responsables porque representamos a los ciudadanos. Lo interpreto desde la tendencia actual a generar conflicto que no responde a la realidad para desgastar. Y no está justificada. Yo estoy en permanente evaluación personal de mi gestión y cada uno es capaz de ir analizando cómo responde a las situaciones que se le plantean.

Tiene varios frentes abiertos, como la carrera profesional, las incompatibilidades de los sanitarios, las listas de espera, el convenio de prácticas de Medicina con la UCAM... ¿Dónde fija sus prioridades? Los objetivos principales de la Consejería son responder a unas prioridades que tienen que ver, en general, con las personas a las que ofrecemos atención sanitaria. Y eso está muy unido con llegar cuanto antes a la atención sanitaria que precisan. En este punto me refiero a las listas de espera, en las que nos hemos fijado como objetivo hasta el final de la legislatura de llegar al menos a la media nacional o por debajo, con una actuación contínua. Y estamos evolucionando de manera favorable en este campo. Y trabajamos muy duro por lograr que el ciudadano, viva donde viva, tenga un acceso equitativo a los servicios sanitarios.

¿Y los profesionales? Estamos regularizando y actualizando las situaciones que generan conflicto. Esta ha sido una época de especial reflexión y espero que en breve podamos solucionarlo, logrando una única interpretación a las situaciones legales que se plantean. A la Asamblea Regional ya ha llegado una iniciativa legislativa del PP en la que se propone una nueva regulación de la compatibilidad y asignación de plazas para acabar con las diversas interpretaciones.

¿Ve la luz al final del túnel en el conflicto con la universidad privada, con la UCAM, y el convenio de prácticas de Medicina?¿O serán los tribunales los que decidan? Nuestro objetivo principal es dar siempre la mejor formación práctica a nuestros futuros médicos y profesionales de la salud. Y el objetivo de esta Consejería ha sido ordenar los recursos existentes para dar respuesta a ambas universidades dentro del marco legal existente. Y creemos que eso es lo que se ha hecho. La dirección de cómo deben ser en el futuro las prácticas de los alumnos de ambas universidades ha sido fruto de meses de trabajo contemplando la ley. No es algo que surja por generación espontánea.

¿Pero las posturas están muy enfrentadas? Yo estoy muy tranquila. Nuestras decisiones están fundamentadas en los informes de nuestros servicios jurídicos, aunque luego cada uno pueda tener sus propias interpretaciones. Estos son convenios generales, pero en ningún momento se ha descartado la firma de convenios específicos de colaboración en el futuro. Es un sistema que a nuestro juicio favorece la buena formación de los alumnos y que en el futuro puedan compartir determinadas formaciones prácticas, según las necesidades.