La alcaldesa de Cartagena y diputada nacional del Partido Popular en el Congreso, Pilar Barreiro, negó ayer ante el Tribunal Supremo, donde compareció como imputada, haber prevaricado al recalificar unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para edificar viviendas, hoteles y un campo de golf, en el proyecto conocido como Novo Carthago. «Ha quedado todo aclarado», afirmó Barreiro.
La alcaldesa declaró durante alrededor de una hora ante el juez instructor del caso en el Supremo, el magistrado José Ramón Soriano, quien citó a la regidora de Cartagena en relación con el caso de corrupción inmobiliaria Novo Carthago, que también suma ahora como imputados al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, así como a una de sus hijas, su yerno y su cuñado; y mantiene en la misma condición al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; y a los exconsejeros de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá y Francisco Marqués.
Barreiro fue clara a la salida de su declaración a preguntas de los periodistas: «La tramitación administrativa de este asunto en el Ayuntamiento de Cartagena se ha hecho de acuerdo a la ley y por mayoría de la corporación». Y es que, según ha recordado en las últimas fechas la alcaldesa de Cartagena, el pleno municipal donde se aprueba el proyecto de Novo Carthago contó con los votos a favor tanto del Partido Popular como del PSOE, en base a los informes de los técnicos del Ayuntamiento que así lo determinaban.
La diputada del PP también explicó a los medios que aportó «un plano de la zona que necesita el Fiscal», presuntamente para corroborar las palabras de Valcárcel pronunciadas el miércoles en las que afirmó que «en Novo Carthago no se ha recalificado un solo metro de suelo protegido, no existe desarrollo urbanístico y no ha supuesto desembolso de un solo euro de las arcas públicas».
Del mismo modo, Barreiro concretó que la mayor parte de las preguntas que se le realizaron fueron planteadas por el fiscal y por su defensa mientras que, según ella, el magistrado solo escuchó.
La regidora acudió a la citación del juez acompañada de sus abogados José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo, y con la intención de convencer al tribunal de que no existen indicios contra ella para pedir el suplicatorio al Congreso y abrir una causa en la que se la implique penalmente.
El asunto arrancó cuando el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, elevó una exposición razonada ante el Supremo al entender que existen indicios de la implicación de la alcaldesa en una supuesta recalificación irregular de terrenos protegidos.
Fue entonces cuando el Supremo preguntó al fiscal, quien informó a favor de admitir el asunto, porque la persona afectada es diputada y, por tanto, aforada ante el alto tribunal y porque podría existir un delito de prevaricación.
Después de escuchar al fiscal, el Supremo decidió el pasado mes de enero abrir una investigación preliminar en relación con Barreiro y el citado caso.
La supuesta prevaricación administrativa se habría cometido en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena para permitir la urbanización de terrenos protegidos por su valor ecológico y ubicados junto al Mar Menor.
El alto tribunal debe decidir ahora si existen motivos para pedir el suplicatorio después de haber interrogado a Barreiro. El instructor podría solicitar nuevas diligencias antes de archivar o elevar la petición de suplicatorio a la Sala Penal.
La regidora mantiene su agenda
La citación judicial de Barreiro no ha cambiado su agenda municipal y mañana acudirá a los actos previstos por el Día Internacional de la Mujer en Cartagena. De esta forma, Barreiro asistirá a la lectura del manifiesto en defensa de la mujer en la plaza del Ayuntamiento, a las 12.00 horas, así como a la comida de convivencia posterior prevista en los salones de la Dama de Oro, a las 14.00 horas.
