El consejero portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio de Heras, informó hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno de esta demanda judicial, último paso de una serie de intentos de acuerdo producidos esta legislatura, y que no han obtenido resultado positivo para el gabinete de Ramón Luis Valcárcel.

De Heras afirmó que al Gobierno de Murcia "no le resulta agradable" recurrir a la vía judicial para corregir el trazado del AVE Madrid-Levante a su paso por esta región, pero insistió en que "es la única alternativa posible" porque hasta ahora se ha intentado hacerlo a través de negociaciones políticas y de recursos al proyecto en el seno de la Administración.

Así, el Gobierno de Murcia presentará con carácter "inminente" un contencioso administrativo contra la aprobación del estudio informativo de la línea, que en su recorrido por esta región alcanzará velocidades máximas de 200 kilómetros a la hora "en el mejor de los casos" y deberá compartir vías con las líneas de cercanías y de transporte de mercancías.

En su recurso, el Ejecutivo murciano pide que se incluyan en el proyecto aspectos técnicos del entonces llamado "Pacto de San Esteban" (2001) para la llegada de la alta velocidad, e insiste en que de no prosperar esta demanda Murcia "no tendrá AVE, sino el tren de la bruja".

El portavoz añadió que los trenes de alta velocidad alcanzan hasta 300 kilómetros por hora y permitirían unir Murcia y Madrid en menos de dos horas, y aseguró que Fomento se mueve por criterios "políticos" y en ningún caso "técnicos o económicos" para proyectar el trazado de la línea.

En ese sentido, se preguntó los motivos por los que "se haya producido este nuevo castigo" del Gobierno de España a la región de Murcia, única "afectada por el cambio de criterio" del Ministerio de Fomento porque "desde Madrid hasta Elche (Alicante) es AVE y a partir de la frontera con Andalucía otra vez".

Asimismo, el portavoz reconoció que el Pacto entre el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y los presidentes de las cuatro regiones era un "acuerdo político", y no una ley o contrato cuyo incumplimiento pueda ser recurrido ante los tribunales, si bien insistió en que para el "Gobierno de España de ese momento sí era un compromiso de inversión".