El Ayuntamiento de Cartagena inicia un proceso para reducir el sobrecoste del contrato de Lhicarsa

El Tribunal de Cuentas puso de manifiesto en su informe provisional ciertas “irregularidades” en el contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras que FCC-Lhicarsa tiene con el Ayuntamiento de Cartagena. En este advertían de que la empresa percibe un sobrecoste de unos 7 millones de euros anuales de los 36 totales que ingresan. Un hecho que se ha ratificado con las conclusiones finales, por lo que el gobierno municipal ha dado instrucciones a los servicios jurídicos y económicos del Consistorio para que inicien un procedimiento de revisión de las fórmulas de aplicación del contrato para ajustarlos a las recomendaciones del informe, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La regidora ha adelantado que las conclusiones avalan algunas de las demandas planteadas por el Gobierno dentro del consejo de administración de Lhicarsa, como el derecho del Ayuntamiento a disponer directamente de los beneficios generados por el gas y otros subproductos de la planta de tratamiento. Los técnicos aconsejan también que, mientras no haya un pronunciamiento judicial que lo avale en un eventual recurso de Lhicarsa, se aplique la recomendación del tribunal de no revisar los precios del servicio.

Además, el Ayuntamiento planteará al Consejo Jurídico de la Región algunas dudas sobre la aplicación de otras recomendaciones, como la de no realizar abonos por el concepto de asistencia técnica, concepto por el cual la empresa percibe actualmente 6 millones de euros anuales. Estas precauciones han de adaptarse, habida cuenta de que una aplicación directa de las recomendaciones del tribunal puede ser revocada por los tribunales en la jurisdicción ordinaria, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Cartagena respecto a otros contratos. 

El informe del Tribunal de Cuentas, que se refiere al periodo anterior al año 2019, recoge información sobre los avances en la fiscalización del servicios que se han realizado en la actual legislatura, el expediente abierto por la Junta de Gobierno en julio de 2020 por la utilización de los medios personales y materiales afectos al contrato para actuaciones ajenas a su objeto.

Igualmente se recoge la orden del Gobierno Local para que se cuantificaran daños y perjuicios derivados de las irregularidades detectadas, que fueron estimadas en algo más de un millón de euros en el expediente contradictorio abierto al efecto. También informa el Tribunal de Cuentas del cobro de 450.600 euros en concepto de tasas dejadas de ingresar en la Hacienda municipal como consecuencia de las entradas indebidas en la planta de tratamiento, que fueron detectadas después de la investigación desarrollada por el Ayuntamiento.