La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha reconocido a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) un crédito de 3,28 millones de euros (más recargos, intereses y costas) frente al Ayuntamiento de Cartagena, en virtud del convenio de colaboración de diciembre de 1991 suscrito para el desarrollo urbanístico de la Actuación Industrial Los Camachos por los tributos locales vinculados con la actuación urbanística en ese término municipal.
Igualmente, el fallo del TSJ obliga al Consistorio cartagenero a cerrar el expediente de apremio y al inmediato alzamiento del embargo trabado sobre algunas de las parcelas.
El Sepes presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento, dictada en abril de 2019, que desestimaba su requerimiento de reconocimiento de crédito en el expediente de apremio por impagos de IBI Urbana y otros de los ejercicios 2002 a 2018 en base a la compensación acordada en la cláusula octava del convenio de colaboración suscrito en 1991.
En noviembre de 2020, el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena, en la sentencia ahora confirmada en su integridad, rechazó las distintas causas de inadmisibilidad del recurso invocadas por el Consistorio cartagenero, descartó la prescripción de la acción y declaró la validez de la cláusula octava del convenio suscrito.
El tribunal superior ha recordado que ambas partes suscribieron un convenio de naturaleza urbanística, pues su objeto era la incorporación activa del consistorio a la actuación urbanística Polígono Industrial Los Camachos, que se describía en el convenio como «de fines y utilidad trascendentes al ámbito regional, concebida y auspiciada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, dentro de cuya política de ordenación del territorio y fomento del desarrollo de la Región constituye uno de los objetivos preferentes».
La actuación tenía por objeto «proporcionar nuevas y efectivas posibilidades de progreso económico y social a Cartagena y a los municipios de su entorno, mediante la creación de un área con capacidad suficiente para satisfacer la demanda potencial de suelo debidamente urbanizado con fines de implantación industrial, en condiciones atrayentes, a precio razonable y al margen de cualquier propósito de especulación».
Fijado el objeto del convenio, se establecían las estipulaciones, entre ellas que la actuación urbanística se ejecutaría para la preparación de suelo industrial sobre una superficie aproximada de 610 hectáreas, siendo la intervención de Sepes de cooperación con el ayuntamiento en la financiación, planeamiento y ejecución de aquella.
Y se establecía una octava cláusula por la que la Entidad del Suelo «recibiría del ayuntamiento una compensación equivalente al importe de los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que aquélla tuviera que pagar (…)».
