El pasado 6 de abril el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cartagena dio al Gobierno regional 20 días para crear una valla perimetral y frenar los vertidos de la balsa Jenny al Mar Menor. Más de un mes después la Comunidad todavía no ha comenzado los trabajos, lo que ha provocado las quejas y denuncias de colectivos, vecinos y partidos políticos.
Hace unas dos semanas el Gobierno regional declaró «de emergencia» las actuaciones y asegura que «todavía a está a la espera de los informes y autorizaciones exigidos por la normativa ambiental».
Según ha asegurado a La Opinión el portavoz de la plataforma de afectados por metales pesados, Juan Francisco Ortuño, hace unas tres semanas se reunieron con Medio Ambiente y pudieron constatar que «el vallado perimetral para evitar el acceso a la zona existe, únicamente que cada cierto tiempo desaparece debido a que lo roban para venderlo como chatarra debido a que no hay vigilancia en la zona».
Asimismo, ha apuntado que «la orden que están incumpliendo es el de la instalación de un filtro de carbonato cálcico», para evitar que las aguas ácidas lleguen al Mar Menor. «Según nos trasladó la Consejería, el juzgado les pedía que lo colocaran alrededor de toda la balsa, mientras que ellos hicieron una nueva propuesta, en la que solicitaban ubicar dicho filtro únicamente en los lugares en los que sale la escorrentía». Una resolución que todavía está «pendiente», por lo que la plataforma cree que «se está demorando por eso, ya que resulta extraño que la Comunidad se salte una orden judicial».
La plataforma de afectados por metales pesados cree que el retraso se debe a que el Gobierno Regional ha presentado un proyecto alternativo
Mientras tantos los vecinos se sienten «cabreados» ante una situación cuyo arreglo parece no llegar. «Durante los últimos episodios de lluvia aguas cargadas de veneno se paseaban por la puerta de nuestras viviendas, e incluso llegaban a los colegios. Nuestra salud y la de nuestros hijos se está viendo afectada», denuncia Ortuño.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Llano del Beal, Antonio Carrasco Pagán, considera que «la solución vendrá con la elaboración de un proyecto global, que recoja todos los problemas medioambientales que padece la sierra». Carrasco se mostró satisfecho de que incluso la Fiscalía se haya inmiscuido, puesto que es un problema que padece la diputación «desde hace 150 años».
La portavoz regional de Podemos, María Marín, también ha denunciado que los trabajos «ni siquiera se hayan iniciado». Marín v ha solicitado a la justicia que actúe ante lo que considera «un caso flagrante de desobediencia a la autoridad judicial y un presunto delito continuado contra el medio ambiente».
Marín ha llamado al Ministerio de Transición Ecológica a poner en marcha «cuanto antes» el Plan de Regeneración ambiental de la Sierra Minera, «movilizando los 40 millones de euros de fondos europeos Next Generation anunciados para este proyecto».
