El Defensor del Pueblo ha vuelto a poner la lupa en Villa Calamari en su informe de 2020. En el documento presentado a las Cortes Generales, el Defensor asegura que la «lentitud» en la tramitación administrativa y la «falta de seguimiento» están detrás del deterioro de este inmueble.
El informe tacha a la dirección general de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma y la dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de mala praxis en la salvaguarda y la ejecución de medidas correctoras del inmueble, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) hace 9 años, «cuando ya sufría un importante deterioro». Sin embargo, explica el informe, no es hasta abril de 2020 cuando el Servicio de Patrimonio Histórico estudió proponer a Bienes Culturales en la Región la incoación de un procedimiento sancionador contra la empresa titular de Villa Calamari por la comisión de una presunta infracción grave en la obligada custodia y protección.
El Defensor del Pueblo decidió formular una Sugerencia a la dirección general para promover cuanto antes las acciones necesarias en defensa de la legalidad frente a las infracciones en materia de protección del edificio. Sugerencia que «está siendo estudiada por el instructor responsable del expediente», aseguran desde la Comunidad Autónoma.
Otros casos en los que ha tenido que entrar el Defensor del Pueblo son los relativos a las actuaciones para proteger y conservar las Salinas de Marchamalo y las instalaciones de Salinera Catalana de Cabo de Palos.
