Los habitantes de Bahía Bella solicitan la ayuda de las administraciones públicas para evitar inundaciones en sus viviendas cada vez que se producen episodios de lluvias torrenciales.

Se trata de una urbanización que pertenece al término municipal de Cartagena, pero que se encuentra ubicada a pocos metros de Los Alcázares. Los vecinos aseguran que la localización del residencial plantea «grandes problemas», ya que están en «tierra de nadie».

Aunque la urbanización está situada junto a la rambla del Albujón, esta zona no está incluida dentro de las iniciativas que se están acometiendo en Los Alcázares para frenar el paso del agua, por lo que el presidente de la Asociación de Vecinos de Bahía Bella, Francisco Francoso, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) elevar las motas del cauce de la rambla a su paso por la urbanización «para que el agua se desvíe al campo y no llegue hasta nuestras casas», indica el representante vecinal.

Este lunes, los ingenieros de la CHS se desplazarán hasta Bahía Bella con la intención de estudiar si esta actuación es viable y si solucionaría los problemas del vecindario.

Además, en estos momentos la urbanización carece de red de saneamiento y alcantarillado de la zona, por lo que desde la CHS han barajado, junto a los vecinos, la posibilidad de crear una red que conecte con la de Los Alcázares, a lo que el alcalde de la localidad ha accedido «sin problemas», afirma Francoso. Aún así, sería necesario el beneplácito del Ayuntamiento de Cartagena para llevar a cabo esta infraestructura en la urbanización. Pero, pese a que los vecinos aseguran que la financiación de esta red «no supone un problema» para ellos y que están dispuestos a buscar otras vías de financiación o incluso pagarlo de su bolsillo, el Consistorio de Cartagena asegura que no pueden dar el visto bueno a las obras -independientemente de quien las financie- mientras que la Confederación lo considere como zona inundable, puesto que «no se pueden conceder licencias». «No hay instrumento urbanístico», argumenta el Ayuntamiento, que asegura que a pesar de la voluntad política, se enfrentan a un «muro legal».