El Gobierno local ha dado a la empresa concesionaria Lhicarsa un plazo de 15 días para enmendar las irregularidades que el Ayuntamiento investigaba desde el pasado mes de agosto en relación con el servicio de limpieza y recogida de basuras y que ayer dio por «probadas».
El Consistorio anunció que tras verificar que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) «ha hecho uso de instalaciones, maquinaria y medios humanos para clientes privados cuando debía dedicarse en exclusiva a la limpieza viaria y recogida de basuras del contrato municipal», deberá dejar de utilizar los medios municipales y públicos para actividades de índole privada, así como destituir a los actuales directivos «dado que existe una responsabilidad», explican desde el Consistorio.
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, acompañada por la vicealcaldesa, Noelia Arroyo y el teniente de alcalde, Manuel Padín, comparecían ayer para informar de la decisión del Ejecutivo local, que más tarde fue aprobada durante la Junta de Gobierno. Castejón explicó que «si Lhicarsa no cumple estos requisitos en un plazo de 15 días, procederemos a su intervención, con el nombramiento de un interventor técnico municipal que garantice el cumplimiento del contrato y la legalidad de las actividades de la empresa concesionaria».
Asimismo, la regidora de la corporación municipal explicó que «independientemente» de que la concesionaria enmiende sus errores antes de dos semanas y que el servicio municipal continúe de la mano de la empresa, «los técnicos municipales ya están trabajando en la cuantificación del perjuicio ocasionado a las arcas municipales por las cuestiones resueltas en este expediente, para exigir a la empresa su abono».
Castejón destacó que desde que el Ayuntamiento conoció las presuntas irregularidades que la empresa concesionaria estaba llevando a cabo en la ciudad portuaria, tanto los técnicos de los servicios jurídicos como económicos del Ayuntamiento han realizado un trabajo «excepcional» por esclarecer lo sucedido, por lo que la alcaldesa quiso «dar las gracias» a los empleados municipales de ambos departamentos. «Desde que llegamos al Gobierno, nos comprometimos a intensificar la tarea de fiscalización de todas las concesionarias para defender los intereses de los ciudadanos, como en este caso», concluyó.
La oposición tacha de "insuficientes" las medidas del Gobierno
MC, UP y Vox aseguran que las medidas que el Gobierno local a impuesto contra la empresa concesionaria Lhicarsa tras confirmar las irregularidades que se han llevado a cabo son «insuficientes». El portavoz adjunto de MC, Jesús Gimenez, asegura que «después de casi un año conociendo los datos, lo que han hecho ha sido reñirles, pero nada más». A lo que Leli García, portavoz de Unidas Podemos, tacha estas medidas como «ridículas y encubridoras». Asimismo, desde Vox, la edil Pilar García incide en que el Gobierno local pretende «escurrir el bulto» pero «dejando el problema en el mismo sitio» y solicita al Ayuntamiento «una comisión de investigación» para cuantificar el dinero público perdido.
