Las denuncias sobre el estado de las baterías de costa del litoral cartagenero han vuelto a abrir una guerra municipal en torno a las fortificaciones con las críticas de la oposición a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento sobre estos encalves. Y es que, como ya publicó LA OPINIÓN hace una semana, el estado de las baterías ha llegado hasta los Ministerios de Defensa y Cultura a través del Defensor del Pueblo, tras reclamar información a la Comunidad Autónoma y no recibirla de forma concreta.

Esta situación llevó ayer al concejal de Cultura, David Martínez, preguntado por los medios, ha recordar que el Gobierno local está inmerso en una negociación para que la empresa Telefónica ceda la batería que tiene en propiedad en el monte San Julián y poder encargarse de su mantenimiento, tal y como avanzó este diario. «Si hay algo, ya informaremos», explicó el edil socialista.

También habló de que se está negociando con el Gobierno central la cesión de alguna otra fortificación, como la batería de Fajardo, aunque matizó que la protección de estos bienes también depende de la ciudadanía. En este sentido, Martínez explicó que debido a las condiciones de estos enclaves, es muy difícil dotar de cámaras de seguridad las zonas, aunque sí avanzó que se pondrán medidas para evitar actos vandálicos. Aún así, el concejal hizo un llamamiento a la ciudadanía para respetar y conservar el patrimonio del municipio.

No obstante, desde la oposición han cargado contra el Ejecutivo municipal sobre sus actuaciones en esta materia. De hecho, desde el PP, mayoritario en la labor de control al Gobierno, criticaron que el Ayuntamiento no haya sido capaz «de gastar un euro en cuidar fortalezas que ya son municipales, como La Atalaya, San Leandro o el castillo de Los Moros» y se plantee ahora asumir el cuidado de otras. La concejala popular Esperanza Nieto requirió al Ejecutivo local que antes de quedarse con alguna batería, explique a los cartageneros «cuál es su plan para recuperarlo y dónde están los millones de euros que necesitará para las obras».

Por su parte, desde MC le recordaron al Gobierno municipal que existe un convenio de julio de 2017, que fue enviado por el Ministerio de Defensa para actuar en Fajardo, aunque afirmaron que la alcaldesa rompió las negociaciones al tomar su cargo.

Finalmente, Ciudadanos acusó directamente a PSOE y PP de «dejación de funciones» y de «permitir la degradación de las baterías». Asimismo, reclamaron sanciones si no se protege el bien.