La Comunidad Autónoma espera que las normas transitorias que permiten desbloquear la parálisis urbanística que azota a Cartagena desde hace dos años puedan ponerse en marcha antes de final del presente año. Así lo manifestó ayer en Cartagena el consejero de Fomento, Patricio Valverde.

Sobre los trámites que ahora se deben realizar, la Administración regional informa de que el documento de las normas transitorias está, en estos momentos, siendo evaluado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno. Con la supervisión del Consejo, la Comunidad apunta que «se da la máxima legitimidad jurídica, tal y como se acordó en la Mesa Técnica de las Normas Transitorias entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional, el pasado mes de julio». Para la Administración autonómica «tras el precedente de la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de 2012, es necesario contar con «todas las garantías legales» para que el suelo urbano de Cartagena no vuelva a sufrir otro revés como éste.

La aplicación de las normas transitorias de Cartagena va ligada a la puesta en marcha de la nueva Ley de Aceleración Empresarial, que fue aprobada el pasado mes de octubre en la Asamblea Regional con el apoyo de PP y Ciudadanos. El texto de esta normativa autonómica ha sido hecho público hoy en el Boletín de la Cámara tras ser repasado por un Consejo de Estilo, que ha pulido su redacción, de modo que es inminente su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Una vez que aparezca en estos dos registros, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia se reunirá para analizar si el texto cumple con la legalidad. Antonio Gómez, presidente de este órgano, explicó ayer que ya han elaborado un borrador con la valoración del Consejo, pero no quiso desvelar el contenido del mismo. Si bien, avanzó que si la Ley de Aceleración Empresarial está publicada en el BORM esta semana, este mismo lunes el Consejo emitirá su veredicto tras reunirse. Si no llega a tiempo, comentó, el dictamen se hará el lunes 19.

Hay que recordar que cuando se aprobó la nueva normativa en la Asamblea el PSOE advirtió de que consideraba la ley como «inconstitucional». Así, la formación aseguró que la Abogacía del Estado iba a analizar dicha ley para comprobar que no contravenía una norma superior. De prosperar esta iniciativa de la formación que ostenta en la actualidad el Gobierno de España, la vigencia de la legislación, y por ende, de las normas urbanísticas transitorias, podría verse comprometida en el caso de que el Tribunal Constitucional dé la razón a los socialistas.

Mientras no se produce este escenario, hay que destacar que el propio consejero de Fomento adelantó ayer que las normas son para aplicarlas durante un tiempo, por lo que Valverde instó públicamente al Consistorio que dirige la socialista Ana Belén Castejón para que trabaje en la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. LA OPINIÓN contactó ayer con el gabinete de la regidora pero éste no dio respuesta alguna sobre ello. Antes de aprobarse la ley, Castejón denunció públicamente que el Gobierno regional pretendió «chantajear» al Ayuntamiento al incluir las normas transitorias en una enmienda a la Ley de Aceleración Empresarial; «para intentar así que se apruebe esta Ley», dijo.