Más de un centenar de familias han constituido recientemente una plataforma de afectados para reclamar la propiedad de los enterramientos del cementerio de La Palma. Los vecinos de esta diputación cartagenera han dado este paso tras conocer ahora que la Diócesis de Cartagena puso a su nombre el camposanto en enero de 2015, a través de un proceso de inmatriculación. El mismo fue posible gracias a un privilegio que se aprobó en 1998 por el Congreso de los Diputados, mediante una reforma de la ley Hipotecaria, bajo la presidencia de España de José María Aznar (PP), que gobernaba con mayoría absoluta. En el caso de La Palma, la inmatriculación se produjo poco antes de que esta ley se anulase.

Los vecinos critican que el Obispado cambió de forma poco transparente los títulos de propiedad a perpetuidad de fosas, nichos y panteones que habían adquirido en vida sus antepasados por meros derechos de enterramiento nominativos. Al sentirse «engañados», los propios afectados se han agrupado y han contratado a un abogado para recuperar lo que consideran que es suyo. Rafael Sánchez de San Pedro es el letrado que los representa. Él mismo explica que, por el momento, la plataforma quiere llegar a un acuerdo extrajudicial con la Diócesis para recuperar sus enterramientos, y que, aunque por el momento rechazan ir a los tribunales, no cierran la puerta a presentar una demanda colectiva si la Iglesia no les devuelve el camposanto.

El abogado explica que los vecinos se sienten «perjudicados» porque han visto que han pasado de tener plenos derechos sobre una propiedad a que ahora ésta sea de la Iglesia. Además, el letrado comenta que, cuando se produjo la inmatriculación, el párroco del pueblo requirió a los vecinos que actualizasen su documentación, sin saber que con ello perdían la propiedad. «Hubo casos en los que el propio cura rompió el título de propiedad más antiguo que tenía la familia en cuestión, perdiendo así la propiedad de su sepultura», comenta Sánchez de San Pedro. Asimismo, añade que «ahora mismo solo tienen un derecho personal de enterramiento, por lo consideramos que los perjudicados tienen derecho a reclamar que se cumplan los documentos suscritos originariamente por sus antepasados con la Iglesia, que eran títulos de propiedad».

LA OPINIÓN adelantó la noticia de la inmatriculación del cementerio de La Palma en marzo de 2017, tras una denuncia pública formulada por el edil de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), Francisco Martínez. Precisamente, este concejal de la oposición defiende que las reivindicaciones de los vecinos son «justas», y también muestra su «enorme alegría» al conocer que los afectados han creado una plataforma para revertir sus derechos como propietarios. Por último, el edil concluye que su única labor ha sido poner en conocimiento de los ciudadanos el «engaño» que ha llevado a cabo la Iglesia.