La Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), a través de su presidente, Marcelo Correa, presentó ayer en Fiscalía una denuncia para que se investigue un presunto fraude en la tasa de conservación de contadores del servicio municipal de agua de Cartagena, que suministra la concesionaria Hidrogea.

Según este colectivo, la empresa cobró a los usuarios 3,5 millones de euros de más entre los años 2012 y 2016 a través de la tasa de conservación de contadores. Cada abonado paga cada dos meses por este concepto 1,38 euros, más IVA.

Asepucar sostiene que, cuando la compañía calculó el importe de esta tasa en 2012, dijo que iba a cambiar una media de 7.945 contadores por año, pero que en realidad solo sustituyó en ese tiempo la mitad de lo que prometió. No obstante, la concesionaria defiende que en el periodo de cinco años en el que se centra la denuncia de Asepucar ha reemplazado en Cartagena una media de 10.757 contadores al año, casi 3.000 más de lo que se estableció en el estudio de tarifas de contadores de 2012.

Hidrogea también informa de que, además de los cambios que estaban planificados por edad y previstos en tarifa, siempre ha cambiado los contadores que ha sido necesario (por averías, destrucción intencionada por terceros, etc.), para mantener el parque de contadores en perfecto estado de funcionamiento. Asimismo, la responsable del servicio de abastecimiento de agua indica que todos los aparatos instalados son de Tipo C, «un modelo más moderno, avanzado y fiable que el Tipo B». Hidrogea dice también que el Ayuntamiento de Cartagena, en la Comisión de Seguimiento del Agua, ha sido debidamente informado de estos datos.

Se amparan en el Supremo

No obstante, Asepucar recalca que la concesionaria «infló» los costes de instalación de los contadores para «subir» el importe de la tasa. La asociación defiende en su escrito presentado en la Fiscalía que, según la legislación, «el importe de las tasas por la prestación de un servicio no podrá exceder el coste real del mismo».

También expone Asepucar que, en base a una sentencia del Tribunal Supremo de 1998, «en todo contrato de concesión está implicada, como un cálculo, la honesta equivalencia entre lo que se concede al concesionario y lo que se le exige», y que, al hacerlo, «han de seguir criterio de legalidad derivados de datos contrastados y reales, no conjeturas que puedan resultar razonables desde una perspectiva puramente particular».

Por último, Correa concluye que «no tiene explicación que esta empresa lleve veinte años cambiando los contadores y presenten unas previsiones que no son reales». Por lo que considera que «a la hora de calcular el importe de la tasa en 2012, se pusieron cantidades que no se corresponden con la realidad para obtener mayores beneficios, pese a que no pueden cobrar más que coste del material».