La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados llevó a cabo ayer una acción de protesta en la desembocadura de la rambla del Beal, situada en Los Nietos. Estos activistas plantaron varias cruces sobre el Mar Menor. Lo hicieron para concienciar sobre la cantidad de «residuos peligrosos» que acaban en la laguna salada, debido a la erosión que se produce en los terrenos «contaminados» de la Sierra Minera.

Elementos como el cadmio, el plomo o el arsénico llegan «en grandes cantidades» a través de los cauces de las distintas ramblas que desembocan en el Mar Menor cuando se registran episodios de lluvias torrenciales. Así, denuncian que este frágil ecosistema está siendo «envenenado». Es por ello que este colectivo exige una intervención «urgente» de restauración hidrológica y forestal de las cabeceras de las ramblas.

En esta performance participó el investigador y experto en suelos contaminados José Matías Peñas, que ya denunció el pasado verano los riesgos a los que se enfrentaban los alumnos del colegio San Ginés de la Jara por la presencia de metales pesados en el patio del centro. Su reclamación obligó a las autoridades a pavimentar el suelo y corregir parcialmente las escorrentías de agua que desembocaban en las inmediaciones del colegio. No obstante, el experto critica que aún sigue habiendo un solar contiguo que «está desprotegido, pese a estar repleto de agentes nocivos».

En cuanto a los «residuos peligrosos» que se arrastran con las lluvias, la plataforma indica que cada kilo de tierra que llega al Mar Menor por la rambla del Beal contiene 77 miligramos de cadmio, 16.845 miligramos de plomo y 725 miligramos de arsénico, según un estudio elaborado en 2004 por la Universidad Politécnica de Cartagena. Reprochan que estas cantidades superan de manera «desmesurada» los límites por los que se considera a un terreno como suelo contaminado. Asimismo, estiman que un episodio medio de lluvia torrencial arrastra por la rambla del Beal cerca de 500 toneladas de tierra erosionada. Un dato que multiplica el problema de contaminación que denuncia este colectivo.

Respecto a esto último, el Gobierno regional dice que desde Salud Pública se hacen controles en la lonja de San Pedro del Pinatar que garantizan la calidad del pescado y que los resultados son «correctos». Además, la Comunidad Autónoma cuestiona la veracidad de estos datos y pide a la plataforma que sea rigurosa y no genere alarma social. La administración regional anuncia que ultima la redacción del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM), que se aprobó hace un año en la Asamblea gracias a una iniciativa de Podemos.

En resumen, la plataforma expone que la entrada de estos agentes tóxicos pone en «serio peligro» los esfuerzos y la inversión millonaria que están realizando las autoridades para salvar el Mar Menor. Es por eso que estos afectados reclaman a la Administración que ponga el foco sobre los terrenos mineros, que son en gran parte propiedad de Portmán Golf. Concluyen que según la legislación vigente, esta empresa, que adquirió Peñarroya a finales de los 80, tiene la obligación de reparar los terrenos contaminados. El problema, concluyen, es que, hasta la fecha, ninguna administración le ha exigido a la compañía que enmiende este «desastre medioambiental».