La Fiscalía del Tribunal Supremo ha vuelto a presentar un escrito en el que solicita a la magistrada Ana Ferrer que archive la causa abierta contra la senadora del Partido Popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, por unos contratos de mejora de imagen en el marco de la trama 'Púnica'.
Según informa el Ministerio Público en un comunicado, tras la práctica de las últimas diligencias no se desprende la participación de Barreiro en "hechos objetivos penalmente relevantes" y por ello vuelve a solicitar, como ya hiciera el pasado mes de marzo, el sobreseimiento de la causa contra Barreiro, imputada por delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
La magistrada instructora no archivó en su momento la investigación y citó a declarar a nuevos testigos, entre ellos el presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, en el marco de esta causa abierta por la contratación realizada con dinero público por el Ayuntamiento de Cartagena para mejorar la reputación 'online' de Barreiro cuando ésta era alcaldesa de dicha localidad.
Precisamente, De Pedro negó ante la magistrada instructora que sus empresas realizaran ningún trabajo reputacional para la senadora y dijo que se aportarían a la causa pruebas documentales y periciales que así lo acreditaran. Misma versión que la prestada por la propia Barreiro como investigada el pasado 15 de enero cuando también aseguró que no se había cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de De Pedro.
"Sin sospechas de corrupción"
El escrito de la Fiscalía recoge también las declaraciones prestadas por los otros citados durante este plazo de tiempo y concluye que todo ello no permite consolidar "los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella".
"Se destaca la inexistencia de datos incriminatorios que pudieran revelar que la investigada participó en la elaboración de un plan criminal para que el gasto personal de los trabajos de reputación fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de cobertura con el objeto simulado de 'formación'", reza el escrito.
El pasado mes de junio su defensa también solicitó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que diera por clausurada la investigación contra su cliente por no existir indicios "racionales" de haberse perpetrado el hecho por el que se inicio la investigación. El Supremo asumió esta parte de las pesquisas después de que el entonces magistrado instructor de la Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, debido a su condición de aforada.
