Una sentencia entierra la demolición de una manzana de edificios frente a la Caridad
El Ayuntamiento no recurrirá el dictamen del TSJ, que tumba la creación de una gran plaza junto a la basílica
El alcalde José López pedirá a los servicios jurídicos que no recurran una sentencia judicial contraria a la creación «discrecional» de una plaza frente a la basílica de la Caridad tras expropiar y demoler una manzana de edificios para que la resolución judicial adquiera firmeza. De esta forma, el consistorio acata el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que anula la previsión contenida en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Antiguo (PEOPCH) de crear una plaza, y dispone la inclusión en el Catálogo de Edificios Protegidos del número 22 de esa manzana.
En un comunicado, el también concejal de Urbanismo ha mostrado su «gran satisfacción» por que se aumente la protección de edificios singulares y también por comprobar que, «aunque tardía, se ha hecho justicia» con el patrimonio, como defendía cuando era oposición. «Una nueva muestra de que perdiendo se gana», ha apostillado el alcalde, que ha añadido que los técnicos le han asegurado que esta protección «puede asumirse sin problema alguno», puesto que era una decisión «discrecional». Esta situación es el resultado de un largo procedimiento judicial que dura más de diez años.
El PEOPCH fue redactado por el equipo Estudio y Desarrollos Urbanos, de la Universidad de Navarra, y comenzó su tramitación en 2002 con la publicación del avance hasta que alcanzó su aprobación definitiva en 2005. Desde su aprobación inicial, el documento contemplaba la apertura frente a la iglesia de la Caridad de una zona verde que recorría toda el área del Montesacro, que permitía obtener un espacio de entidad en la fachada de la iglesia y abrir una vía de penetración a la zona. Esa determinación fue informada favorablemente por la Dirección General de Cultura del Gobierno murciano, por cuyo motivo alcanzó la aprobación definitiva. Este extremo fue objeto de recurso contencioso-administrativo por los propietarios de los inmuebles, que tras varias sentencias en varias instancias, incluido el Tribunal Supremo, ha desembocado en el último fallo del TSJRM que el actual Gobierno local ha decidido no recurrir.
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