«La empresa incumplió las medidas de seguridad a las que estaba obligada en todo momento». Esa es la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) que condena a la petrolera Repsol a abonar un recargo del 30% en las prestaciones económicas que recibe la viuda de un trabajador de la refinería que falleció por su contacto con el amianto, desestimando así el recurso presentado por la empresa.
De esta forma, el fallo del TSJ indica que «también incumplió la normativa porque no realizaba las mediciones de concentración de amianto en el ambiente y de gases inflamables, y tampoco proporcionaba los trajes adecuados protectores a sus trabajadores, a los que, además, tampoco realizaba reconocimientos médicos específicos».
La sentencia ratifica así la dictada por un Juzgado de lo Social de Cartagena y condena a pagar a la empresa una multa de 250 euros a los abogados defensores. El juzgado de la ciudad resolvió entonces que el trabajador fallecido estaba en contacto con el material y añadía que el trabajador murió en noviembre de 2010 por asbestoris, placas pleurales bilaterales, nódulo pulmonar, ictus y cáncer de próstata, entre otras patologías.
