El nombre del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso fue uno de los primeros de la lista de detenidos en la ‘Operación Púnica’ que se hizo público y la noticia empezó a correr como la pólvora en la ciudad, donde causó una gran conmoción.
El exregidor del PSOE fue arrestado por la mañana en su casa de Madrid por su supuesta vinculación con una gran trama de corrupción con numerosos acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de conseguir adjudicaciones por un valor total de 250 millones de euros en tan sólo dos años, aunque apenas han trascendido detalles de la participación de Alonso en la misma.
La noticia de su detención se produjo mientras se desarrollaba en el Palacio Consistorial un pleno municipal y pilló por sorpresa a muchos de los concejales que participaban en él, incluida la portavoz municipal del PSOE, Ana Belén Castejón, quien más tarde puso la suspensión de militancia de Alonso como ejemplo del partido contra la corrupción. La alcaldesa Pilar Barreiro abandonó el pleno antes de que culminara sin hacer comentarios, pese a las petición de los periodistas.
Alonso también fue diputado por Murcia en el Congreso entre los años 1989 y 1996 y, a pesar de que abandonó su carrera política, fue el principal impulsor del desarrollo del barrio universitario de Cartagena, si bien no fue socio de la promotora que lo llevó a cabo, Puerta Nueva, aunque sí hizo el papel de gerente y portavoz de la misma.
El PSOE ha suspendido de militancia al exalcalde.
Vinculación con Marjaliza
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción que se investiga en la ‘Operación Púnica’ es David Marjaliza, cuya vinculación con el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, radica en que ambos son socios en la sociedad Atalia, que supuestamente intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en la ciudad portuaria, según indicó el edil de MC en el Ayuntamiento, José López.
Según los primeros datos que trascendieron, la Guardia Civil sospecha que David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, otro industrial, eran los dos conseguidores de la citada red presuntamente delictiva.
Los terrenos de Zinsa los compró la empresa Quorum, que no logró la recalificación de los terrenos como urbanizables, ya que el Ayuntamiento condicionó esta decisión a que se abonarán las indemnizaciones correspondientes a los más de doscientos trabajadores de la metalúrgica que se quedaron en la calle, algo que aún no se ha producido.
