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Blog Desde mi Atalaya - Jesús Norberto Galindo Sánchez

Jesús Norberto Galindo Sánchez

Miembro de honor de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas de España, durante una parte de su vida profesional ha estado vinculado a la gestión y asistencia técnica de organizaciones y actividades turísticas, tanto en la empresa privada como en el sector público. Corresponsal de prensa d...

Sobre este blog de Murcia

La temática de aquellos artículos, reflexiones o ensayos que se van a difundir en este blog están referidos a acontecimientos puntuales relacionados con la actualidad de tipo social, político o profesional y no pretenden guardar ningún tipo de hilo conductor ni temático, en concreto, entre ellos, má...


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  • 22
    Marzo
    2018

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    Murcia

    Prisión permanente revisable

    Hoy voy a escribir sobre un tema de rabiosa actualidad: me refiero a la prisión permanente revisable; una tipificación penal que está en vigor en nuestro ordenamiento jurídico desde hace apenas unos tres años y que ha supuesto un enfrentamiento permanente entre distintos sectores, tanto de la sociedad como de la carrera jurídica. Mi modesta aportación tan solo significa la voluntad de un ciudadano que quiere expresar libremente su parecer, aun a sabiendas de que no soy una persona con capacitación jurídica para ello. Tan solo es la opinión personal, y sin ningún tipo de condicionamiento, de uno de esos millones de españoles a los que nos inquietan estas cuestiones, pero que –en la mayoría de los casos- no tienen la oportunidad de manifestarlo públicamente.

    Prisión permanente revisable

    Quiero comenzar dejando claro que no estoy de acuerdo con el rifirrafe político que se ha suscitado a raíz de la propuesta de derogación de dicha Ley, hecha por el PNV, y cuyo debate se ha iniciado, hace unos días, en el Congreso de los Diputados. Este debate, que debería haberse centrado en cuestiones técnicas y jurídicas, sin embargo, se ha politizado y se ha visto empañado por cuestiones ideológicas, permitiendo que la discusión se produjera en unos momentos en los que faltaba la serenidad y el sosiego suficientes para tratar este tema con la mayor objetividad.

    Con frecuencia escuchamos a la ciudadanía decir que en nuestro sistema penal hay ocasiones en las que sale gratis matar a una persona. Esta y otras reflexiones parecidas fueron las que –en su día- espolonearon al Gobierno a introducir esta medida que tanto está dando que hablar, pero sobre todo en estos momentos en los que han confluido diversos casos en los que, desgraciadamente, se han cometido unos atroces crímenes, motivando un recrudecimiento de esta polémica que se ha trasladado a la sociedad y que está suscitando una cierta incertidumbre.

    La prisión permanente revisable (PPR), según nuestro ordenamiento jurídico, tan solo puede ser impuesta en supuestos de excepcional gravedad, como se demuestra por el hecho de que –desde su promulgación- tan solo haya habido una condena: el parricida de Moraña, que asesinó asus hijas, de 4 y 9 años. Esta tipificación penal, según algunos analistas, se diferencia de la cadena perpetua (abolida en nuestra legislación) por el hecho de ser “revisable”. Y aquí (en el concepto de su definición) es donde realmente está el meollo de la cuestión que está suscitando esta polémica. Para un sector de nuestra sociedad, la PPR no deja de ser una cadena perpetua enmascarada y esto contraviene lo preceptuado en nuestra Constitución que tiene una componente claramente basada en la rehabilitación y la reinserción. Muestra de ello, lo manifestado por el diputado socialista Juan Carlos Campo en el reciente debate mantenido en el Congreso de los Diputados: “…Sin la PPR vencimos a ETA, y con la PPR se ha asesinado a Gabriel. Interpretando claramente que la PPR no está actuando como una pena que ejerza como elemento disuasorio. Para otros ciudadanos, la citada pena debe servir como elemento “preventivo”, que permita evitar una posible causa de reincidencia futura, haciendo especial énfasis en resaltar la palabra “revisable” que –según estos- invalidaría el concepto de perpetuidad que le achacan sus detractores.

    Hace escasos días, le escuché afirmar, a un portavoz del colectivo de funcionarios de prisiones, que entre un 40% y un 45% de los internos que pasan por establecimientos penitenciarios no se rehabilitan. Además, apuntaba: …si entre ellos hay algún depredador imposible de recuperar, no cabe duda que estaríamos en peligro de echar a la calle a potenciales delincuentes con capacidad de reincidir. A mi entender, este es el verdadero problema y donde habría que centrarse fundamentalmente para conseguir una solución que permita asegurar que, a aquellos cuyas conductas delictivas se pueda comprobar no han desaparecido, se les puedan aplicar determinadas medidas coercitivas que eviten producir ningún nuevo daño a la sociedad. Si con esta Ley o con cualquier otra medida similar somos capaces de dotarnos de una cierta garantía, al tiempo que evitamos que estos individuos no reinsertados produzcan una sola muerte más, creo que habrá merecido la pena.

    Por desgracia, nuestra reciente historia nos ofrece datos espeluznantes que deberían hacernos recapacitar y que corroboran las estadísticas de reinserción a las que me he referido anteriormente:   asesinos y violadores como José María Real López, que sólo tardó dos horas en volver a abusar de una menor tras salir de la cárcel; o, Juan Manuel Valentín, quien aprovechó un permiso para violar y asesinar a la pequeña Olga Sangrador. A estos depredadores sexuales de la historia negra de España, que tras salir de prisión o en un permiso penitenciario han vuelto a reincidir, les podríamos añadir los del ‘violador del ascensor’, o ‘el loco del chándal’, y otros muchos que sería prolijo referir.

    A todo esto, el PSOE –que en su día recurrió la Ley al Tribunal Constitucional- no ha esperado a su resolución y ha tomado la determinación de adelantarse y votar en el Congreso a favor de su derogación. Algo que muchos españoles no entendemos ¿Por qué no han esperado a que se pronuncie el TC? ¿Qué prisa tienen por aprobar la derogación de esta norma? Por cierto ¿saben que –según una reciente encuesta- la mayoría de los votantes del PSOE no son partidarios de la derogación de esta Ley? ¿Cómo es posible que los diputados de esta formación política hayan votado unánimemente en contra de lo que –al parecer- piensa la mayoría de sus votantes y de la sociedad española? Una vez más se han dejado al descubierto las miserias de nuestro sistema político, coartando a Sus Señorías e impidiéndoles, a través de la disciplina de partido, el ejercicio de su derecho a votar en libertad de conciencia.

    Demasiadas preguntas como para tomarse en serio este problema, que no es el problema de un determinado partido, sino que lo es de la sociedad entera. De ahí la necesidad de acuerdo en tema tan capital y la generosidad, por parte de todos, en ceder para conseguir una solución que, a mi corto entender, no está precisamente en la derogación de la Ley.

    Una Ley que puede ser modificada y adaptada de forma consensuada. Pero, al fin y al cabo, una norma que la sociedad está demandando; que la proteja de estos delincuentes, y que incida en la prevención y no solo en la disuasión. Y si no lo tienen claro que insten la celebración de una consulta popular y que nos pregunten a los ciudadanos lo que pensamos.

    Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com

     

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