El Gobierno no tiene crédito

El Gobierno regional está dispuesto a confesar sus pecados. Todavía no en público. En petit comité. De momento, ante ciertos agentes sociales, ante los periodistas y más decididamente ante la propia Plataforma Prosoterramiento.

—Ave María Purísima —saludan los responsables de la gobernación al abrirse la ventanita del confesionario.

—¿De qué os acusáis, hijos míos?

—Durante muchos años hemos hecho caso omiso a las justas reivindicaciones de los vecinos afectados por el trazado de las vías del tren. Les hemos prometido reiteradamente la razonable solución para el problema, pero hemos incumplido una y otra vez nuestros compromisos, en unas ocasiones con pretextos de la más diversa índole y otras con el simple olvido. Merecemos esta penitencia.

—Entonces ¿aceptáis que carecéis de toda credibilidad cuando ahora prometéis una solución integral inmediata?

—Admitimos que carecemos de credibilidad. Hacen bien los vecinos en tomar precauciones. No por los actuales gestores, que estamos decididos a zanjar el problema de acuerdo a lo que ellos exigen, sino por el inmenso historial de decepciones que han sufrido de nuestros antecesores.

—Pero aceptaréis que vosotros mismos, es decir, los gestores actuales, estabais decididos a que el Ave llegara a Murcia en superficie, postergando a fechas imprecisas la acometida del soterramiento.

—Así es. Pero ha sido la movilización de la Plataforma la que nos ha dado fuerzas ante el Gobierno de Madrid para que el soterramiento pueda ser una realidad inmediata. De ellos es todo el mérito, lo admitimos.

—¿Y?

—Ya hemos conseguido que el Gobierno central programe el soterramiento. El triunfo es de la Plataforma. Pueden ponerse las medallas. No nos importa. Lo que importa es que llegue el Ave soterrado, y que llegue ya.

—¿Y cómo pueden creer en la Plataforma que antes no y ahora sí?

—Les pedimos que esperen a verlo por sus propios ojos. Sabemos que necesitan la prueba de Santo Tomás. Que hagan algo así como una tregua, que se incorporen a una comisión de seguimiento para que puedan constatar el avance del proceso anunciado por el ministerio y que, si en algún momento detectan que hay un nuevo incumplimiento o una dilación sobre lo comprometido, que lo denuncien. Pero, mientras tanto, que colaboren y observen. Dispondrán de toda la información, la misma que maneja el ministerio, Adif y el Gobierno regional. En tiempo real.

—Una cuestión de fe. Nuevamente una cuestión de fe.

-Sí, pero una fe que pronto, este mismo mes de octubre, se podrá comprobar que no se basa en intangibles. Empezaremos las obras del soterramiento, y la gente lo verá.

—Claro, porque en dos años habrá elecciones.

—No. Porque el ministro De la Serna es un hombre de palabra. Y porque la actual dirección de Adif es abierta y transparente, no como la anterior, ante la que el propio Gobierno regional se estrellaba.

—O sea, que antes eran malos, y ahora son buenos. De la noche a la mañana.

—No sabemos cómo eran antes, en los anteriores Gobiernos. Ahora son de ley, y están decididos a cumplir sus compromisos. No creemos que nos engañen a nosotros.

—Ah. ¿Hay alguna sospecha en el Gobierno regional de que pueda ser engañado por el Gobierno central? De ser así, se explicaría con más motivo el escepticismo de la Plataforma.

—No creemos que no engañen. Todo se va a resolver, pero existe un solo inconveniente, que ahora no procede del Gobierno, sino de la propia Plataforma.

—¿Que ésta pueda morir de éxito?

—Exacto. Que se pasen de frenada. Ya han obtenido lo que querían. Se lo reconocemos. El mérito es suyo. Pero pueden estropearlo todo si mantienen acciones de boicot a las obras y obligan a que la contratista se retire. Habría que empezar un nuevo procedimiento de licitación, y es improbable que otras empresas acudieran al mismo a la vista de los antecedentes, aparte de la dilación que esto supondría para la llegada del Ave.

—Para que el problema se disipe sólo habría que trasladar a la Plataforma que todas sus reivindicaciones han sido aceptadas. Y punto.

—Todas, no. Es imposible. No vamos a interrumpir durante los años que duren las obras del soterramiento las comunicaciones ferroviarias de la Región.

—¿Ni siquiera con las alternativas que ellos aportan?

—Son impracticables.

Humildad relativa.

El anterior diálogo es, naturalmente, ficticio, pero resume en un mix prácticamente literal distintas conversaciones mantenidas con varios consejeros del Gobierno y con representantes institucionales del PP.

En síntesis, el Gobierno regional está dispuesto, pues, a atribuir todo el mérito del soterramiento a la Plataforma y a la movilización vecinal. Y empieza a aceptar casi públicamente que hasta ahora no ha estado a la altura de su necesario compromiso con los ciudadanos. Es un baño de realidad, hasta una exhibición insólita de humildad, aunque considerar otro enfoque sería ya, a estas alturas, un delirio. Véase el cartel del artista Vicente Martínez Gadea que se reproduce en estas páginas, en el que se constata que las promesas del PP acerca del soterramiento de las vías ferroviarias proceden de finales del siglo XX (ahí está la maldita hemeroteca), mucho antes de que se planificara el Ave a Murcia. La batalla de la credibilidad está, pues, perdida. Y no tienen más remedio que admitirlo. En consecuencia, también están obligados a comprender el escepticismo ciudadano respecto al ´ahora sí que sí´.

Sin embargo, hay flecos que no encajan en esta actitud. No es ni normal que los diputados nacionales del PP se hayan venido pronunciando con un exceso de suficiencia. Algunos, como Francisco Bernabé debieran permanecer prudentemente callados, dada su responsabilidad anterior en Fomento y las consecuentes frustraciones que trajo su gestión antes de que le dieran la patada hacia el Congreso. Otros, como Teodoro García, parecen hablar desde las nubes, y no digamos Isabel Borrego, cuyo mérito para ser diputada por Murcia es ser la esposa del voluntarioso componedor en la Fiscalía del Estado Vicente Martínez Pujalte, imputado por tráfico de influencias; una diputada de ocasión que parece decidida a ilustrarnos sobre las bondades universales del tren Ave, como si nos remitiera a alguna enciclopedia.

Ballesta, en perfil bajo. Tampoco parece que la Administración municipal esté a la altura. El alcalde, José Ballesta, está como desaparecido, y sólo se expresa en frases de respuesta a las acciones de la Plataforma. El alcalde que prometió celebrar plenos en la calle, compartir conversaciones con los vecinos en las plazas públicas y abrir las instalaciones del Ayuntamiento a las visitas ciudadanas, está sufriendo la reprobación pública en las manifestaciones de los vecinos del sur («Ballesta, dimisión», «Ballesta, el muro en tu puerta») sin hacer algo por ganarse el aprecio de esa franja vecinal con algún gesto brillante, al margen de la disciplina férrea a su partido, cuando inicialmente se nos presentó como una pieza con criterio independiente. Su antecesor, Cámara, que se mereció con más y más probados méritos el reproche público, tanto por su ineptitud en la gestión como por su implicación en distintos casos de supuesta corrupción y su curiosa fobia al uso de los cajeros automáticos, nunca recibió tantas diatribas. ¿Quién asesora a Ballesta? La decisión municipal de dejar en manos del concejal de Fomento, Roque Ortiz, las relaciones de intermediación con la Plataforma tal vez sea correcta desde el punto de vista de las competencias institucionales, pero es obvio que se trata de una personalidad entre cuyas muchas virtudes no le es reconocida la paciencia ni la templanza para abordar diálogos delicados y complejos que exigen ponerse en el lugar del otro.

Y la batalla del Corredor. El Gobierno regional, por otra parte, no ceja. Porque a la batalla del Ave, aún irresuelta, se añadirá pronto (se ha añadido ya) la del trazado del Corredor Mediterráneo, que acompañará a aquél en las vías subterráneas a su paso por Murcia, aunque las normas generales lo desaconsejan, salvo en casos excepcionales. ¿Será Murcia un caso excepcional? En la Plataforma no están dispuestos a que se considere como tal, y exigen un bypass, es decir, una vía periférica para impedir que mercancías que puedan considerarse peligrosas puedan circular por zonas densamente habitadas, como los barrios del sur. Ahí, digo, se prevé otra batalla, que con mucha probabilidad volverán a ganar los vecinos para que finalmente el Gobierno admita que hay que hacer otro trazado. Y el problema político es que esa lucha ya está empezando antes de que cese la del soterramiento, si es que cesara ante los hechos consumados que calcula el Gobierno. Lo cierto es que ya no sorprende esta insistencia en aceptar los ´males menores´ que promueve el Gobierno de Madrid sin que haya una mínima resistencia desde el de Murcia. Como tampoco que las organizaciones empresariales y ciertos colegios profesionales en órbita gubernamental (al menos, sus direcciones) se muestren tan plenamente seguidistas de las ´soluciones fáciles´, que parecen aceptar por razones de urgencia sin prever la máxima excelencia que requiere toda planificación de las infraestructuras que han de servir a varias generaciones.

El Gobierno es como un niño que se empeña en no hacer los deberes, salvo cuando ve venir el castigo. Resultado: cero credibilidad, y doble esfuerzo para reponerla. Si no espabilan, perderán los dos cursos que quedan para acabar la carrera, a no ser que dejen de incurrir en la lectura paródica del lema de la Plataforma: «La sociedad por arriba, el Gobierno por abajo».