Que el Gobierno regional apurara al extremo los plazos para la convalidación del Decreto sobre las ITV, hasta el punto de llevarlo a la Asamblea Regional el mismo día en que vencía el plazo de veinte años de concesión de las seis ITV adjudicadas bajo ese régimen en 1997, y hacerlo construyendo consensos políticos y sociales muy endebles sobre la base de un articulado deficiente y lleno de lagunas (esclarecedor el Dictamen del Consejo Económico y Spocial, CES al respecto) que además privatizaba la ITV de Alcantarilla (lo que le enfrentaba directamente con todos los sindicatos y con la oposición parlamentaria progresista), da idea de la chapuza de la que fuimos testigos el pasado 4 de septiembre en el Parlamento murciano. Merecido el varapalo que el Gobierno recibió, viendo como se tumbaba ese decreto.

¿Y ahora qué? El Gobierno tiene tres opciones:

1. Aceptar el órdago lanzado por el partido Ciudadanos y caminar hacia un régimen de liberalización total de las ITV de la Región de Murcia. Parece que el Gobierno ha tomado nota de los desajustes que esta opción ha generado en otras Comunidades autónomas (como Madrid) y rechaza esta opción. Aunque, paradójicamente, se comprometió (con Ciudadanos) a caminar en diez años hacia esta inaceptable solución.

2. Atenerse al Pliego de Condiciones de 1997 por el que se reguló el régimen de concesiones de las ITV, según el cual «a la terminación del contrato, los terrenos, las obras y los bienes utilizados para la explotación del servicio, tanto los que se ceden por la Administración como aquéllos que aporte el concesionario por la construcción y equipmiento de las nuevas estaciones de ITV, en su caso, o por reparaciones, modificaciones, ampliaciones, sustituciones o adaptaciones, revertirán a la Administración en estado de buen uso para el fin al que han estado destinado, sin que quepa indemnización de ningún tipo». Esta opción abre la posibilidad de la creación de una empresa de gestión pública de las ITV de la Región de Murcia. Es la solución más racional, eficiente, justa, barata y avanzada, pero que el Gobierno regional rechaza de plano. Podemos defiende y defenderá siempre la gestión pública de las ITV de la Región de Murcia.

3. Decretar una prórroga de hasta un año de las actuales concesiones y negociar con el resto de fuerzas políticas y con las fuerzas sindicales un proyecto de ley de regulación de las ITV en la Región de Murcia. Podemos Región de Murcia estaría dispuesto a aceptar un nuevo régimen de concesión de las ITV bajo las siguientes condiciones:

A) Que se reconozca el mantenimiento de la ITV pública de Alcantarilla como unidad de control y de definición de criterios y estándares de inspección. Debe definirse un plan de inversiones para la renovación técnica y de recursos humanos que permita que esta ITV funcione a pleno rendimiento y de forma puntera.

B) Que se justifique de forma transparente y rigurosa la adecuación entre la oferta y la demanda de la ampliación prevista del número de unidades de ITV en la Región de Murcia, así como las razones que han determinado la decisión de establecer el régimen concesional frente a la opción de la gestión pública (no nos vale el argumento del consejero del ramo que afirmó en sede parlamentaria que la gestión pública es propia de 'comunistas', lo que contradice la propia Constitución española). Debe evitarse la competencia entre concesionarias a fin de evitar los efectos nocivos que esta pueda causar en la seguridad de las revisiones y en los derechos de los trabajadores.

C) Que el nuevo plazo de concesión de las ITV de la Región de Murcia pueda ser revisado cada cinco años para supervisar el cumplimiento de las condiciones y que por tanto esté sujeto a prórroga en cada quinquenio. La opción de la reversión del servicio de las ITV a manos públicas siempre debe quedar abierto y exento de indemnización alguna a las concesionarias.

D) Que se incorporen restricciones a la movilidad geográfica de los trabajadores, a la subcontratación y a la limitación de horarios. Se debe regular la división en zonas geográficas atendiendo a criterios de distribución territorial, tratando de minimizar procedimientos de movilidad geográfica del personal. Igualmente se deben regular los horarios de atención al público, ajustándolos al horario industrial. Pues de lo contrario, esta ausencia de regulación de los horarios degradará los derechos de los trabajadores en materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. El empleo estable y de calidad, que fomente la formación continua de los trabajadores, debe definir la relación de empleo en las ITV de la Región de Murcia.