Decía Montesquieu que el peor Gobierno es el que ejerce la tiranía en nombre de las leyes. No me cabe la menor duda de que, si el ilustre filósofo pudiera asomarse al mundo actual, se echaría las manos a la cabeza por muchos motivos, entre ellos, el asunto que pretendo abordar en este artículo: el escandaloso abuso que se produce hoy en día del Decreto-ley.

El Decreto-ley es una fuente del del derecho cuya naturaleza es, por definición, excepcional y provisional y faculta al poder ejecutivo a dictar disposiciones legislativas sin pasar por el parlamento, el cual, pasado un plazo, convalida (o no) la norma. Como no es mi intención centrarme en el aspecto jurídico del asunto (entre otras cosas, porque no soy jurista), únicamente mencionaré que el Decreto-Ley está contemplado en el artículo 86 de la Constitución y viene a decir que, su uso, solo está justificado en caso de «extraordinaria y urgente necesidad». El Tribunal Constitucional se ha manifestado también en este sentido las veces que ha tenido que pronunciarse sobre el tema.

Sin embargo, y por desgracia, los ejecutivos, tanto centrales como autonómicos, han hecho del Decreto-ley una herramienta legisladora habitual, suplantado así las funciones del legislativo y lanzando un misil a la línea de flotación del Estado de Derecho democrático, basado en la separación de poderes. Por aportar un dato, en la IX legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy batió el récord de Decretos-ley con un total de 73 de 143 posibles.

En la Región de Murcia tenemos un ejemplo reciente: el Decreto-ley 2/2017, de 2 de agosto, de prestación del servicio público de ITV de la Región de Murcia. Dejando de lado las consideraciones sobre el contenido del mismo, estamos ante un claro ejemplo del mal uso del decreto-ley. ¿Por qué? Pues debido a que la finalización de la concesión de las ITV se sabía desde hace veinte años, en concreto, desde el anuncio de contrato de gestión de la ITV del BORM del 15 de febrero de 1997. Por lo tanto, lo lógico hubiera sido abordar el tema en todo este tiempo mediante cauces ordinarios, no en el último momento, excluyendo al legislativo, y haciendo caso omiso al principal supuesto de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución.

Es por todo esto que me llama poderosamente la atención, la sorpresa y la indignación con la que el Gobierno regional y el Partido Popular de la Región de Murcia encajaron la no convalidación por parte del legislativo de dicho Decreto-ley. Una indignación que, como el niño que no hace los deberes y culpa del suspenso al profesor, desembocó en un aluvión de reproches a la oposición, acusándoles de, entre otras cosas, provocar una situación de incertidumbre a los trabajadores y ciudadanos, olvidando, como ya he comentado, que hace veinte años que se sabía que este día llegaría, y que han tenido legislatura de sobra para buscar consensos y tramitar una solución de manera ordinaria con todas las garantías.

En mi opinión, este tipo de reacciones son la prueba de que el PP murciano no es consciente aún que ha perdido la mayoría absoluta, de que la Asamblea Regional no es, como antes, únicamente ese edificio que está en Cartagena, en el que se pasaba un mero trámite de convalidación sin oposición alguna.

Creo que no son conscientes de que, abusando del Decreto-ley no solo están tomando un atajo, sino que están diluyendo la separación de poderes, sin la cual no se entiende la democracia.