Los gobiernos del PP han hecho todo lo posible por descapitalizar la educación Primaria para volcar sus esfuerzos en los centros privados y concertados, pero no tienen bastante. Ahora quieren cargarse también los institutos. Deben pensar que así podrán recuperar parte de la clientela perdida. Hace 40 años, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, todo el mundo tenía clara la necesidad de trasladar a la enseñanza los cambios que imponía la democracia, empezando por poner fin a la separación por sexos en centros masculinos y femeninos. Ahora la brecha está entre los públicos y los privados. Aunque esa diferencia siempre ha existido, la enseñanza de pago se ha limitado hasta hace poco al reducto de la sociedad más elitista. Y el instituto ha sido una institución en la que convivían anacrónicos catedráticos con profesionales jóvenes que trataban de preparar a las nuevas generaciones para enfrentarse a un mundo totalmente distinto al de sus padres. La Administración empezó a desentenderse de esa labor hace tiempo, pero los adolescentes tienen derecho a recibir una educación pensada y repensada por profesionales capaces de encerrarse en una clase con 30 elementos ávidos de escaparse a la calle y lograr que se aburran lo menos posible. Está bien que los padres opinen y vigilen, pero debe prevalecer el derecho de los estudiantes a educarse como ciudadanos críticos. Quieran o no, la Constitución les ampara frente a las tradiciones y deseos familiares en una sociedad multicultural.
