El nivel de abstención, clave en cualquier resultado electoral, sería la gran incógnita en caso de que se adelanten los comicios autonómicos

No es el escenario más probable, pero no hay que descartarlo en absoluto. La convocatoria, insólita hasta la fecha, de elecciones anticipadas en la Región de Murcia es una de las salidas de la actual e incierta crisis política en nuestra autonomía y es, al mismo tiempo, la que más incertidumbre puede deparar, pues nos enfrentaríamos a un nuevo sistema electoral sin candidatos firmes en ningún partido y con el 'caso Auditorio' en pleno procesamiento.

Esta semana no estará sobre la mesa, por la jugada del PSOE adelantándose a Ciudadanos y registrando una moción para hacer presidente a González Tovar. Pero si la cúpula nacional del partido naranja no cambia de parecer, la censura al jefe del Ejecutivo regional está abocada al fracaso y volveremos al punto de partida anterior. Mientras el juez no archive las diligencias contra PAS ni le abra juicio oral (se supone que en ese momento dimitirá, pero vaya usted a saber), seguiremos con un Gobierno sin respaldo parlamentario.

Para resolver estas situaciones existen las elecciones anticipadas. Nuestro Estatuto de Autonomía lo contempla desde su última y reciente reforma, aprobada por unanimidad. No debió parecerles tan disparatado hace unos años a sus señorías. De hecho, yo no descartaría que PSOE y Podemos lo acaben viendo como el plan B para desalojar al presidente imputado o que el propio Pedro Antonio disuelva la Cámara tras el fracaso de la moción de censura. Nadie duda de que, de momento, es la oposición la que se está desgastando por su división.

Actualmente, sólo Ciudadanos e Izquierda Unida-Verdes reclaman nuevos comicios, con motivaciones bien distintas pero un argumento similar: Podemos y C's no son compatibles como socios de un mismo Gobierno, como demostró la fallida investidura de Pedro Sánchez. Los delegados de Albert Rivera en Murcia pretenden, básicamente, ganar tiempo mientras el juez concluye la instrucción. La coalición rojiverde busca retornar a la Asamblea Regional, de la que se quedó por primera vez fuera en 2015 con un 4,81%. La nueva ley electoral da representación a todas las candidaturas que superen el 3%.

Ante unas hipotéticas elecciones, todo son incógnitas. Desconocemos qué cabezas de cartel presentarán los partidos. En el PP, dependen de lo que haga el juez (volvamos a suponerlo), mientras que los líderes de la actual oposición tendrán que superar las serias divisiones en el seno de sus partidos para volver a los carteles. En el caso de Podemos, además, está por ver si repite la coalición con IU de los últimos comicios generales, en línea con el actual mandato de su dirección nacional, o se rebela al hilo de las posturas 'errejonistas'. A día de hoy, la coordinación entre ambas organizaciones en la Región de Murcia es muy escasa, como denota la disparidad de criterio respecto de la resolución de esta crisis. Y luego están los 'outsider', como Garre y su nonato partido regionalista, y el alcalde de Cartagena, que ya ha anunciado que se presentará si se lo pide su partido cartagenerista.

De cara a esbozar un posible resultado electoral, lo primero a tener en cuenta es que estrenamos una ley electoral verdaderamente proporcional, con circunscripción única. Con lo que, para conseguir mayoría absoluta, el partido ganador necesitará lograr prácticamente la mayoría más uno de los votos válidos emitidos, dado que la ausencia de distritos electorales y la rebaja del listón de acceso a la Asamblea conllevarán que sean muy pocos los votos que se conviertan en diputados.

Pero la gran duda estriba en la abstención. Sin coincidir con una campaña nacional ni tener tradición de comicios separados del resto, nadie sabe cuántos murcianos acudirán a las urnas tras el hastío de la repetición electoral del año pasado. Lo que muestran los datos comparados es que la participación es menor en las elecciones autonómicas y municipales que en las generales, porque los electores les dan menos importancia. No fue el caso de las últimas autonómicas anticipadas, las de Cataluña en 2015 (74,9% de votantes), que fueron presentadas como un plebiscito sobre la independencia, con la correspondiente agitación de todos los electores. Ese año también se adelantaron los comicios en Andalucía, con un participación similar a la de otros años (62,6%). Ambas Comunidades tienen calendario propio y tras disolver su cámara autonómica no les toca una legislatura corta, como ocurriría en Murcia. Y como pasó en Asturias en 2012, cuando Cascos adelantó las elecciones y la participación cayó 11 puntos.

¿A quién le beneficiaría una bajada similar de la participación? Habitualmente, es el PP el que demuestra tener un electorado más fiel y disciplinado, pero obtuvo sus peores resultados precisamente en los últimos comicios con elevada abstención, las europeas de 2014. Así que no hay certezas ante una posible convocatoria electoral que nos podría, paradójicamente, devolver a la casilla inicial: que la llave de la mayoría la vuelva a tener Ciudadanos y deba volver a elegir entre un presidente imputado o la izquierda.