Decía la semana pasada que existe una terminología latina que no debe ser suprimida del Derecho. Es más, tampoco del uso normal y habitual de otras profesiones o del mismísimo pueblo llano. Y hete aquí, que paradójicamente al respecto, resulta que acaba (el 27 de abril) de nacer un Diccionario acorde a Derecho, con 30.000 voces y 1.700 páginas sobre conceptos jurídicos, con la colaboración de 150 juristas y lexicógrafos, coordinados por su autor, Santiago Muñoz Machado (catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense). Y abarca desde el léxico fundamental del Derecho Romano (quinientos aforismos, más o menos) hasta lo más moderno de nuestros nuevos términos jurídicos. Ignoro si este Diccionario recoge algunas palabras del argot de la delincuencia, como 'agua' para dar el aviso de que se acerca la Policía en pleno acto delictivo (in fraganti, perdón si ya no se puede utilizar el latín). Lo que sí define son sabrosos americanismos como martillero (el que da con el martillo en una subasta pública), o carancho (ser que no tiene nada que perder). Y sobre todo términos tan usados en prensa, radio y TV como aforado, investigado, prevaricación, cohecho (soborno), indulto, alevosía (cobardía), querella, casación, troika (equipo de tres miembros para coordinar y representar en la Unión Europea), aquiescencia, furtivear (cazar ilegalmente), y supongo que hasta amparo (recurso de).
Sus antecedentes no son en realidad el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sino el Diccionario de Autoridades, nacido en el siglo XVIII (año 1713), pues no se limita a dar la definición de un vocablo, sino que además hace mención de su autor y obra donde figura, e incluso el precepto legal y la jurisprudencia, en su caso.
Nace como consecuencia de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española, el 26 de noviembre de 2014.
Lesmes, a la sazón serio y enjuto presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, aunque éste tire para atrás decisiones de aquél (c'est la vie), ha mostrado su deseo de que este nuevo Diccionario refuerce la seguridad y evite el 'oscurantismo conceptual' que perjudica a los ciudadanos (sic). También añadió y, aprovechando lo del Pisuerga recordó, con don Quijote, que «el lenguaje es una expresión de la libertad». Por eso en su discurso dijo algo tan claro como que sin la comprensión adecuada, la proclamación de los derechos humanos, en su congénita acepción de naturales, inalienables e imprescriptibles, de nada hubiera servido (sic nuevamente). Por su parte, el autor del Diccionario ha remarcado que el legislador no puede tergiversar el lenguaje ordinario, pues si una ley no es clara, no se tiene que tener por ley, ya que el destinatario tiene que saber de qué se habla, ha dicho el autor del Diccionario. Como se aplique con efectos retroactivos vamos apañados, añado yo.
Al parecer, esto es sólo la primera parte de un ambicioso proyecto que concluirá en 2017 con la presentación de un diccionario que añadirá a la obra inicial, las particularidades más importantes en español (espero que también en catalán) y la publicación de un Libro de Estilo de la Justicia.
Conclusión: ya no hay excusa para no entender una sentencia judicial, puesto que ni va a contener terminología latina, ni expresará un lenguaje que no pueda ser traducido en este Diccionario. Otra cosa es que ni por ello se entienda, pero ya no será culpa ni del latín ni del Diccionario Español Jurídico.
