Estoy al conocer más detalles sobre el caso ´Frontino´ que investiga el supuesto fraude en la contratación de obra pública de Acuamed. Atónita porque el ministerio de Agricultura pasó de soslayo sobre la denuncia de posibles irregularidades de un ex alto cargo, considerando que no había hechos constitutivos de delito. Curiosamente el informe lo hizo un despacho de abogados externo al Ministerio -más gasto para los ciudadanos­-, pero ahora va a ser la Abogacía General del Estado la que se persone en la causa que instruye el juez Eloy Velasco. Atónita por la avaricia de quienes no dudan en inflar el presupuesto de las obras que pagamos todos pese a ser altos cargos y ejecutivos con un sueldo más que lucrativo. Y más atónita aún cuando sale a la luz el dato de que el director general de la sociedad estatal cobra al año 50.000 euros más que el presidente del Gobierno. Este tipo de delitos no remitirán hasta que los que los comenten devuelvan hasta el último céntimo del dinero defraudado. Aunque les cueste toda la vida.

¿A qué esperamos?