Los resultados del 20D suponen un cambio profundo en la política española. El bipartidismo resiste, pero sufre un golpe brutal: la suma de los dos partidos pierde desde 2011 casi 23 puntos y más de cinco millones de votos, y se pluraliza el sistema de representación política. Si preferimos verlo de otra forma, los votos de la izquierda superan a los de la derecha, sólo en partidos nacionales, en más de un millón. No habrá vuelta al pasado, y a este cambio seguirán otros muchos.

De entrada han quedado atrás las mayorías absolutas y el Gobierno de un sólo partido. La pregunta abierta es si hay o no posibilidades de un Gobierno progresista que revierta las contrarreformas de la derecha, introduzca nuevos cambios democratizadores en el sistema político y plantee una salida con justicia de la crisis.

Lo primero es descartar un Gobierno PP-PSOE, a la alemana. Este Gobierno, que alientan los poderes fácticos después del fracaso de la apuesta por una mayoría PP-Ciudadanos, representaría el suicidio del PSOE, que ya lo ha rechazado definitivamente.

Por tanto, las opciones reales pasan por convocar nuevas elecciones o formar un Gobierno progresista sobre la base del acuerdo PSOE-Podemos más IU, buscando los votos que les faltan entre las minorías nacionalistas.

La opción de nuevas elecciones favorecería coinciden todos los analistas al PP y a Podemos, y perjudicaría a C's y PSOE. Este último partido sufriría una crisis que ya está planteada y que probablemente supondría que Pedro Sánchez no sería candidato y pronto se vería sustituido en la secretaría general por los detentadores del poder territorial del partido (los llamados barones). Esta crisis, en una fase más abierta, desplazaría una parte del voto declinante del PSOE hacia Podemos.

En el otro lado, parte del voto de Ciudadanos podría regresar al PP como voto útil. Por su parte, Podemos podría hacerse con la primera posición en la izquierda, consumando ahora sí el famoso sorpasso, sobre todo si se decide de una vez a llegar a un acuerdo para que se le sume a la marca electoral el casi millón de votos que, muy debilitada, aún retiene IU, dando realidad a la famosa confluencia, avalada una vez más por los buenos resultados obtenidos allí donde se ha dado (Cataluña, Galicia, Valencia).

Excluyendo a las izquierdas nacionalistas, a la izquierda del PSOE hay ahora más de seis millones de votos (600.000 más que tienen los socialistas, mientras Podemos le pisa los talones, a menos de 1,5% de porcentaje de voto).

El riesgo fundamental y determinante a mi juicio está en que, en caso de una nueva convocatoria electoral, no podemos saber el alcance final de estos desplazamientos de voto, y pudiera ocurrir que el PP saliera reforzado si concentra el voto útil de la derecha.

La otra opción, la de un Gobierno progresista, se enfrenta a dos problemas: la necesidad de sumar algunos votos de los nacionalistas a un pacto de la izquierda, y que Podemos matizara la línea roja del referéndum catalán, sustituyéndolo por una acuerdo para revisar el encaje de Cataluña en una reforma constitucional, que podría acabar en un referéndum que se celebrara entonces, una vez definida la nueva propuesta, aceptando que habrá consulta legal a los catalanes de una u otra forma.

Tal y como yo lo veo, el posible Gobierno progresista debiera plantear una legislatura corta (un año o año y medio) antes de convocar nuevas elecciones que refuercen la estabilidad parlamentaria necesaria.

Este período se utilizaría para desarrollar un programa de regeneración democrática y rescate ciudadano, con un paquete concreto de medidas y leyes que reúnan una mayoría de votos en el Congreso (el Senado se opondrá, pero no es determinante) y que supongan la derogación de las principales reformas regresivas del Gobierno de Rajoy (la reforma laboral, la LOMCE, la ley mordaza, la congelación de las pensiones, los recortes sociales, los copagos, las privatizaciones, la rebaja del IVA cultural, etc.), así como la reforma de la ley electoral que el PSOE tendría que aceptar aunque le perjudicara y las medidas de un plan de emergencia social que redirija recursos públicos hacia las más urgentes necesidades sociales y hacia los sectores más vulnerables y frágiles, y refuerce los servicios públicos básicos (sanidad, educación, dependencia).

También se desarrollaría un programa intenso de lucha contra el fraude fiscal y se tomarían una serie de fuertes medidas legales contra la corrupción y por la transparencia, incluida la devolución de la profesionalidad y la independencia a los medios de comunicación públicos. Se modificaría profundamente la política medioambiental para hacer frente al cambio climático y los retos ambientales, incluyendo el rechazo del 'impuesto al sol' y el fracking. Por último se abriría el proceso para la reforma constitucional.

Cumplido este programa, se convocarían nuevas elecciones, que es previsible fueran ganadas por las fuerzas de la izquierda, aupadas por el apoyo ciudadano que desataría la acción de este Gobierno. Entonces es previsible que la izquierda pueda tener mayoría estable suficiente para un Gobierno de toda una legislatura. Esto es lo que me parece que sería lo mejor para las clases populares y para las fuerzas progresistas, y supondría materializar el tiempo nuevo para nuestro país que reflejan los resultados del 20D.